CiU rechaza de plano la nueva oferta del PSC porque no asume el concierto económico
La propuesta socialista se aproxima a las reivindicaciones de Convergència i Unió
CiU rechazó anoche de plano la última propuesta de financiación que le presentó el consejero de Economía, Antoni Castells, en representación del PSC y con el conocimiento de los otros dos socios del Gobierno catalán, Esquerra e Iniciativa. Pese a que la nueva propuesta asume numerosos principios sostenidos por CiU, los nacionalistas consideran que el documento encargado por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, está repleto de "trampas e insuficiencias" y lo tachan de "inaceptable" porque no contempla el concierto económico, considerado inconstitucional por el Consejo Consultivo....
CiU rechazó anoche de plano la última propuesta de financiación que le presentó el consejero de Economía, Antoni Castells, en representación del PSC y con el conocimiento de los otros dos socios del Gobierno catalán, Esquerra e Iniciativa. Pese a que la nueva propuesta asume numerosos principios sostenidos por CiU, los nacionalistas consideran que el documento encargado por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, está repleto de "trampas e insuficiencias" y lo tachan de "inaceptable" porque no contempla el concierto económico, considerado inconstitucional por el Consejo Consultivo.
"La sentencia ya estaba dictada desde mucho antes del comienzo del juicio", aseguraron fuentes del Gobierno catalán al conocer la respuesta de CiU a la oferta de los socialistas. Tal como se han desarrollado los acontecimientos a lo largo de esta semana, se hacía previsible el rechazo. Tras la reunión el pasado lunes entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y Artur Mas, CiU paralizó la negociación. Según fuentes de la dirección del PSC, en el encuentro mantenido entre ambas formaciones, los representantes convergentes no quisieron siquiera proceder a elaborar un redactado conjunto.
En el Gobierno catalán existe la convicción de que CiU someterá su concierto económico a votación en el pleno de esta semana. Con ello, aseguran las mismas fuentes, tratarán de hacer dudar a Esquerra -que, con todo, ha garantizado su fidelidad a la propuesta del Ejecutivo- y presentarse como los únicos defensores del concierto vasco en Cataluña.
El comunicado de CiU rechazando la propuesta de Castells subraya que el presidente de la Generalitat, "presionado por el PSC, rompe el acuerdo entre el propio Maragall y Artur Mas, que daba luz verde a un nuevo Estatuto para Cataluña". No se especifica de qué pacto se trata, aunque previsiblemente se refiere al compromiso global que ultimaban ambos líderes y que, a cambio del sí de CiU, contemplaba: la no convocatoria de elecciones anticipadas para que Maragall no capitalizara el Estatuto y la paralización de la reforma del sistema electoral, ya que el actual beneficia a CiU al primar el voto rural sobre el urbano.
CiU insiste en que su propuesta debe ser la base sobre la que se erija el nuevo modelo de financiación, algo que el tripartito no acepta por ser inconstitucional el concierto económico. Y ello a pesar de que el tripartito ha modificado sus propuestas, como por ejemplo a la hora de conceder a la comisión mixta la potestad para decidir la fórmula de colaboración entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la del Estado. La nueva oferta subraya que la Generalitat tendrá la cesión de todos los impuestos, en los términos que acuerde la comisión mixta, la cual se convierte en una de las novedades de la propuesta de Castells para reforzar la bilateralidad. No obstante, el PSC plantea la separación entre cuota de solidaridad y aportación al Estado, que CiU resume en un cupo conjunto. La propuesta del PSC recoge los siguientes aspectos:
- Blindaje. La propuesta socialista es prácticamente idéntica a la de CiU al afirmar que el Estatuto es la norma que regula las relaciones financieras entre el Estado y Cataluña y que éste es de aplicación "preferente" en caso de conflicto.
- Cesión de tributos. "Todos los tributos estatales recaudados en Cataluña tienen la condición de cedidos", afirma la propuesta.
- Capacidad normativa. Además de garantizar que la Generalitat tendrá capacidad normativa plena sobre los tributos propios, la propuesta afirma que "también tendrá capacidad normativa sobre los tributos cedidos interviniendo en la fijación del tipo impositivo, las exenciones, las reducciones y bonificaciones sobre la base imponible y las deducciones sobre la cuota". CiU pretende que la Generalitat tenga capacidad normativa plena.
- Agencia tributaria. La Gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos recaudados en Cataluña corresponderán a la Agencia Tributaria de Cataluña. Los mecanismos de colaboración con la administración tributaria del Estado se establecerán a partir de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales entre la Generalitat y el Estado.
- Aportación al Estado. Una parte de los impuestos cedidos a Cataluña se aportarán al Estado para la financiación de sus servicios.
- Solidaridad. La aportación a la solidaridad debe permitir niveles de servicios similares para un esfuerzo fiscal similar. Se tendrá en cuenta la población y el esfuerzo fiscal. El resultado final no debe suponer un cambio en la ordenación de las comunidades autónomas antes de la nivelación.
- Aportación inicial. Para el cálculo de la aportación inicial se tendrá en cuenta la población y el esfuerzo fiscal. Este elemento tampoco estaba contemplado en el modelo de financiación del tripartito.
- Comisión Mixta. Será el órgano bilateral de relación entre el Estado y la Generalitat y determinará las aportaciones al Estado y a la solidaridad además de definir los mecanismos de colaboración.Esta comisión será paritaria entre Estado y Generalitat. Aplicará y revisará cada cinco años el modelo.
- Haciendas locales. La Generalitat tendrá capacidad para regular los tributos locales. Distribuirá las participaciones loales en los tributos del Estado, respetando las disposiciones básicas, lo que no hace la propuesta de CiU.
Recelos del tripartito hacia el PSOE
Entre las fuerzas que dan apoyo al Gobierno tripartito catalán han crecido recelos hacia la actitud del PSOE respecto a Convergència i Unió, a raíz de las reuniones mantenidas por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas, la pasada semana.
El tripartito está preocupado por saber qué ha dado pie a CiU a entender que Zapatero le daba alas para presentar una propuesta de financiación similar al concierto vasco. Fuentes próximas a la reunión aseguran que Mas llegó a verbalizar ante Zapatero que Cataluña podía enviar al Congreso de los Diputados un Estatuto claramente inconstitucional porque luego las Cortes ya se encargarían de recortarlo. Eso, a juicio de fuentes del tripartito, forma parte de la "cultura victimista que CiU ha cultivado a lo largo de más de 20 años de pujolismo".
Por eso ayer las fuerzas que dan apoyo al Gobierno catalán -PSC, Esquerra e Iniciativa- quisieron cerrar filas en favor de la constitucionalidad de la reforma estatutaria y marcar distancias respecto a una CiU a la que, a juicio de fuentes del Ejecutivo catalán, le viene bien aparecer como una fuerza de propuestas inasumibles para Madrid, lo que, a su vez, le sirve de coartada a sectores del PSOE para recortar otros aspectos constitucionales del Estatuto.
El consejero de Economía, Antoni Castells, aseguraba ayer: "Pese a agradecer el interés del presidente del Gobierno, en Cataluña somos capaces de llegar a acuerdos por cuenta propia". El consejero de Comercio, Turismo y Consumo, el republicano Josep Huguet, afirmaba: "Esquerra no participará en ese teatro de Mas y Zapatero, que consiste en votar aquí el concierto para facilitar que el PSOE lo rechace en Madrid; lo que el Gobierno español teme de verdad no es el concierto, que podrá suprimirlo de entrada, sino la propuesta de financiación del tripartito, que es constitucional y que, avalada por dos tercios de la Cámara catalana, el Ejecutivo central no tendría más remedio que aceptar".
En la misma línea se expresó Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales y líder de Iniciativa (ICV-EUiA), quien aseguró que "para el PSOE es más fácil una propuesta inconstitucional que pueda rebajarla en la mitad, que una constitucional que no le ofrece margen".
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