Un director advirtió a Arias Cañete de presiones para favorecer a Fabra
El cargo público denunció las maniobras para autorizar pesticidas
El que era director general de Agricultura, Rafael Milán, advirtió, en junio de 2000, al entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, del PP, de las presiones para obtener autorizaciones "por influencias políticas" a favor del grupo Naranjax, según reveló ayer la SER. La denuncia sobre el cobro de estos supuestos favores políticos por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, es objeto de una investigación judicial.
Fabra es investigado por un juzgado de Nules (Castellón) y por la fiscalía anticorrupción ante la posible comisión de delitos contra la administra...
El que era director general de Agricultura, Rafael Milán, advirtió, en junio de 2000, al entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, del PP, de las presiones para obtener autorizaciones "por influencias políticas" a favor del grupo Naranjax, según reveló ayer la SER. La denuncia sobre el cobro de estos supuestos favores políticos por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, es objeto de una investigación judicial.
Fabra es investigado por un juzgado de Nules (Castellón) y por la fiscalía anticorrupción ante la posible comisión de delitos contra la administración pública.
Según los documentos, que ya han sido remitidos al juzgado de Nules y la denuncia acumulada por un posible delito fiscal del también líder del PP en Castellón, Milán avisó del "empeño" por obtener autorizaciones para la fabricación de pesticidas a través de "influencias políticas". En un correo electrónico remitido a la entonces jefa del gabinete del ministro, Catalina De Miguel, el ex director general explica que "existen 870 empresas que tienen autorizados, o en vías de autorización, productos fitosanitarios, las cuales están obteniendo las autorizaciones que proceden por la vía de presentar estudios, informes o notificaciones requeridas. Solamente una de ellas, la que nos ocupa, se está empeñando en obtener sus autorizaciones por influencias políticas, y éste es un sistema nada deseable, puesto que no se podía pedir un comportamiento digno a unos funcionarios a quienes se les presionase a emitir dictámenes, firmados por ellos mismos, para favorecer a quienes tienen acceso a personalidades influyentes en política".
De esta manera, Rafael Milán, que también ha sido imputado en el procedimiento aunque todavía no ha sido interrogado, respondía a un requerimiento realizado por la propia jefa del gabinete de Arias Cañete, en el que le solicitaba información sobre un dossier de Naranjax, ya que "cada vez que va (el ministro) al Congreso le preguntan los diputados de allí por este tema y mañana le toca ir".
Entre los diputados a los que se refería el cargo de confianza de Arias Cañete se encontraba el popular Miguel Prim, quien también está imputado en la causa y que firmó algunos de los documentos en los que se informaba de la marcha de las autorizaciones pedidas por Naranjax.
Entre las empresas de este grupo se encuentra Artemis 2000, formada por la ex esposa del empresario que presentó la denuncia, Vicente Vilar, y la esposa de Fabra, Amparo Fernández.