La policía deja en libertad al edil del PP de Camas y toma declaración al alcalde
El empresario también detenido se niega a hablar y pasará a disposición judicial
La crisis en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla) crece por horas. Tras las detenciones el miércoles de un empresario y de dos concejales del equipo de gobierno, uno del PP y otro del Partido Andalucista, por el intento de soborno a la edil Carmen Lobo, ex concejal de Izquierda Unida, la policía citó ayer a declarar al alcalde del municipio, Agustín Pavón, de IU. Pavón llegó a la Jefatura Superior de Policía sobre las 20.00 y salió tres horas después. La policía también tomó declaración, tras más de un día detenidos, al edil del PP, que fue puesto en libertad, y al concejal del PA, para el que s...
La crisis en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla) crece por horas. Tras las detenciones el miércoles de un empresario y de dos concejales del equipo de gobierno, uno del PP y otro del Partido Andalucista, por el intento de soborno a la edil Carmen Lobo, ex concejal de Izquierda Unida, la policía citó ayer a declarar al alcalde del municipio, Agustín Pavón, de IU. Pavón llegó a la Jefatura Superior de Policía sobre las 20.00 y salió tres horas después. La policía también tomó declaración, tras más de un día detenidos, al edil del PP, que fue puesto en libertad, y al concejal del PA, para el que sus abogados esperaban anoche la misma decisión. El empresario, que se negó a prestar declaración, siguió en los calabozos y pasará a disposición judicial.
Los tres detenidos el miércoles, el teniente de alcalde de Camas, Antonio Enrique Fraile (PP); el concejal de Infraestructuras, José del Castillo (PA) y el empresario Eusebio Gaviño, pasaron la noche del miércoles en los calabozos de la comisaría situada en la calle de Blas Infante, en Sevilla. A media tarde fueron trasladados a la Jefatura Superior de Policía situada a 200 metros, para que declararan.
El empresario Eusebio Gaviño, que fue la persona que supuestamente intentó sobornar a la concejal Carmen Lobo el pasado lunes, se negó a declarar ante la policía, según indicó su abogado, José Manuel García Quílez. "Pasará a disposición judicial, pero seguramente esta noche duerme en el calabozo", explicó el abogado. Los dos concejales sí declararon ante el Grupo de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía. Enrique Fraile comenzó su declaración sobre las 19.00 y fue puesto en libertad tres horas después sin que la policía creyera necesaria su puesta a disposición judicial inmediata. Al cierre de esta edición, José del Castillo seguía declarando, aunque su abogado esperaba su salida anoche. La eventual presentación de cargos contra los ediles se decidirá en los próximos días.
El alcalde entró en la comisaría de la Jefatura Superior sobre las 20.00 y se limitó a comentar a los periodistas que estaba "tranquilo". Tres horas después, salió en un coche del Ayuntamiento sin hacer declaraciones. El miércoles, en conferencia de prensa, había defendido la "integridad" de sus compañeros detenidos y también había negado que en el pleno municipal del martes se hubiesen intentado aprobar proyectos relacionados con Gaviño.
Las detenciones policiales se produjeron por un supuesto delito urbanístico y otro de soborno. El gobierno local de Camas, del que han salido en el último año y medio la concejal Carmen Lobo (IU) y la edil Inmaculada Larrinaga (PP) está en minoría desde febrero. El alcalde de la localidad convocó un pleno extraordinario para el pasado martes, día en que empezaba la feria local, a las 9.00. Los tres puntos que figuraban en el orden del día eran la aprobación de los presupuestos municipales, la venta de cinco parcelas municipales en un polígono industrial y la recalificación de una parcela en el centro de la localidad. Los tres puntos habían sido ya rechazados en sesiones anteriores gracias a la mayoría de la que goza ahora la oposición.
Con la venta de las cinco parcelas destinadas a uso industrial y de oficinas, el gobierno municipal tenía previsto ingresar 10,9 millones de euros. El segundo de los convenios suponía cambiar el plan aprobado por la anterior corporación, para permitir en una parcela destinada a uso cultural 200 viviendas de renta libre en edificios de seis plantas. El gobierno municipal ingresaría seis millones de euros con esta operación.
La investigación policial sitúa a Gaviño (cuyo teléfono fue intervenido) como un supuesto intermediario en la maniobra. El empresario sí tiene presentados dos proyectos ante el Ayuntamiento, con una inversión evaluada de 7,2 millones, para lograr la concesión administrativa para explotar dos centros deportivos en sendas parcelas municipales situadas junto al polígono industrial y los suelos en los que el Ayuntamiento pretendía levantar 200 viviendas.
Tanto las dos propuestas como el proyecto de presupuestos volvieron a ser rechazados, ya que Carmen Lobo no cambió su voto. A la mañana siguiente comenzaron las detenciones, al haber detectado la policía conversaciones telefónicas entre algunos implicados en las que se hablaba de supuestas amenazas a la concejal.
Los máximos dirigentes del PP y del PA se pronunciaron ayer, 24 horas después de que se produjeran, sobre las detenciones de los concejales de Camas. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, calificó el asunto de "hecho grave" y añadió que su partido actuará "como la sociedad" y "sin defraudar absolutamente a nadie". El PA, a través de su secretario general, Julián Álvarez, insistió en reclamar a Castillo su acta de concejal, aunque apeló a que se respete la presunción de inocencia del detenido. Por su parte, el líder del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, reclamó el "máximo respeto" entre los partidos políticos ante "la gravedad" de los hechos.
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