El Estatuto catalán entra en su recta final

El proyecto de reforma del Estatuto catalán llega esta semana a la comisión del Parlamento catalán tras 18 meses de negociaciones de todos los partidos. Y llega al final con notables particularidades. Una de ellas es que CiU ha anunciado ya que mantendrá viva su propuesta de financiación aunque no sea la que conste en el texto que se remitirá a las Cortes. El tripartito catalán espera que CiU pueda dar al final del proceso en Cataluña su apoyo al proyecto absteniéndose en los artículos referidos a la financiación de la Generalitat. Algunos dirigentes de CiU así lo han dejado entrever. Los naci...

El proyecto de reforma del Estatuto catalán llega esta semana a la comisión del Parlamento catalán tras 18 meses de negociaciones de todos los partidos. Y llega al final con notables particularidades. Una de ellas es que CiU ha anunciado ya que mantendrá viva su propuesta de financiación aunque no sea la que conste en el texto que se remitirá a las Cortes. El tripartito catalán espera que CiU pueda dar al final del proceso en Cataluña su apoyo al proyecto absteniéndose en los artículos referidos a la financiación de la Generalitat. Algunos dirigentes de CiU así lo han dejado entrever. Los nacionalistas se ha quedado solos propugnando un modelo como el concierto vasco, que el tripartito y el PP rechazan de plano. Pero quieren que quede claro que no renuncian a él.

Las discrepancias en torno a la financiación proseguirán hasta el próximo septiembre

Otra de las particularidades es que, a estas alturas, el PP se halla prácticamente apeado del proceso, tras presentar una enmienda a la totalidad al proyecto. Esta situación es lo que el presidente del PP catalán, Josep Piqué, ha intentado evitar durante el año y medio de redacción de la reforma. En realidad, el esfuerzo de todos para sumar al PP al consenso es una de las causas de la dilación.

Para el ex ministro de Asuntos Exteriores, esta situación significa arruinar la estrategia con la que pretendía colocar al PP en el centro del espacio político catalán. Los demás partidos han interpretado la enmienda a la totalidad como un diktat impuesto por la dirección nacional del PP, contra la voluntad de Piqué. Quién sabe si como vendetta por su atrevimiento al poner en cuestión la idoneidad de Ángel Acebes y Eduardo Zaplana como imagen del partido.

La previsión es que el PP quede de nuevo arrinconado en el escenario catalán con sus 15 diputados frente a los 120 de los otros partidos, que conformarían el "amplio consenso" requerido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. O, dicho de otra forma, con su 11% electoral frente al 89% de los votos en las últimas elecciones autonómicas.

En los 18 meses de negociaciones, CiU, que en sus 23 años al frente de la Generalitat no mostró interés alguno en reformar el Estatuto de 1979, ha mantenido un ambiguo papel en la ponencia redactora. La coalición fundada por Jordi Pujol ha querido acentuar, a través de sus propuestas, su perfil más nacionalista con el objetivo de disputar a Esquerra Republicana (ERC) un sector de su electorado, que no ha digerido bien la entrada de los republicanos en el Gobierno liderado por el socialista Pasqual Maragall.

Esta competición de CiU y ERC para apropiarse de la bandera del nacionalismo llevó a la ponencia a redactar un primer borrador con no pocas inconstitucionalidades, que amenazaban con hacer naufragar el proceso. Esto ha provocado otra de las particularidades: las mayorías de "geometría variable". La mayoría de dos tercios (90 diputados) se requiere únicamente para la votación de totalidad en la que ha de culminar el proceso en el Parlamento catalán. Pero tanto en ponencia como en comisión, la aprobación del texto, artículo por artículo, se produce por simple mayoría.

Esto ha dado lugar a que parte del proyecto se haya elaborado en base a la mayoría de izquierdas, pero otra parte haya sido redactada con la mayoría nacionalista formada por CiU y ERC. Los socialistas llevan mal las infidelidades de los republicanos, a los que atribuyen, además, la culpa de que se haya rebasado el marco constitucional en numerosos puntos y que el recurso a los traspasos por la vía del artículo 150.2 de la Constitución se haya convertido a su juicio en una verdadera carta a los Reyes Magos. Aunque, en realidad, no vaya dirigida a los magos, sino al Gobierno del PSOE.

En los últimos tres meses, el Ejecutivo del PSOE ha enviado múltiples advertencias a los partidos catalanes con el objetivo de marcar las "líneas rojas" del proceso. Los esfuerzos del PSOE se han centrado en intentar que el Estatuto llegue a las Cortes sin el sistema de financiación que defiende el tripartito catalán y que prevé crear una agencia tributaria propia para Cataluña que recaude todos los impuestos y ceda al Estado hasta un 50% de la recaudación total. Ante la lluvia de declaraciones de pesos pesados del Gobierno, como el vicepresidente económico, Pedro Solbes, o el ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, el Ejecutivo catalán acabó por denunciar las "interferencias" que sufría el debate estatutario en Cataluña. Zapatero optó por pedir "silencio" a sus ministros.

Presiones aparte, el primer baño de realidad lo dio el pasado junio el Instituto de Estudios Autonómicos, el organismo de la Generalitat que ha aportado los borradores para la reforma. Los letrados alertaron de la presencia de hasta 27 puntos de posible inconstitucionalidad sólo en el capítulo de competencias. Desde entonces, todos los grupos, incluido el de ERC, se han volcado en un proceso de negociación destinado a limar las inconstitucionalidades que, sin embargo, todavía no ha culminado, como lo demuestra el empeño de CiU por mantener su enmienda de concierto económico.

Las enmiendas del PSC e ICV se han centrado en este aspecto y desde el pasado viernes los ponentes de los cinco grupos parlamentarios han vuelto a repasar uno por uno los puntos de mayor discrepancia. A puerta cerrada, lejos de los taquígrafos y con unas encuestas que denotan un creciente desinterés de los ciudadanos por un debate que dura ya 18 meses, cada partido trata de incorporar tantas de sus enmiendas como le permitan los otros negociadores.

Ciertos escollos, como el de la financiación, se arrastrarán hasta el debate en pleno, previsto para septiembre. Los partidos, sin embargo, ya piensan en la próxima gran negociación, la que se llevará a cabo en las Cortes, si finalmente el Estatuto es aprobado en Cataluña. Los partidos catalanes se jugarán allí el trabajo de media legislatura. El presidente Zapatero tampoco estará libre de presiones ante un PP volcado en denunciar el supuesto desmantelamiento de España.