Una autoridad estatal elegida por el Congreso

La amplia reforma audiovisual, que trata de solventar las carencias legislativas y ordenar de manera más eficiente el sector, incluye la creación de un Consejo de Medios Audiovisuales con competencias en todo el territorio del Estado. Hasta ahora, se han puesto en marcha organismos reguladores de carácter autonómico (Cataluña, Navarra, Madrid), que podrán seguir actuando en sus respectivas comunidades.

En el ámbito estatal, España era prácticamente el único país del entorno comunitario que carecía de una autoridad audiovisual. El Consejo de Europa había recomendado su nacimiento en vari...

La amplia reforma audiovisual, que trata de solventar las carencias legislativas y ordenar de manera más eficiente el sector, incluye la creación de un Consejo de Medios Audiovisuales con competencias en todo el territorio del Estado. Hasta ahora, se han puesto en marcha organismos reguladores de carácter autonómico (Cataluña, Navarra, Madrid), que podrán seguir actuando en sus respectivas comunidades.

En el ámbito estatal, España era prácticamente el único país del entorno comunitario que carecía de una autoridad audiovisual. El Consejo de Europa había recomendado su nacimiento en varias resoluciones.

El nuevo organismo actuará con absoluta independencia del Gobierno y tendrá amplias competencias. Estará capacitado para emitir informes -previos y preceptivos- sobre la convocatoria y resolución de los concursos para la adjudicación de licencias de radio y televisión y para sancionar a los operadores que vulneren la legislación.

Al Consejo Audiovisual le corresponderá vigilar el cumplimiento de la Ley de Televisión sin Fronteras, que regula los topes en la emisión publicitaria de las distintas cadenas, las autopromociones de sus programas, los porcentajes de emisión de producción española y comunitaria o las condiciones para la retransmisión de determinados eventos transfronterizos.También actuará de árbitro en el caso de que se produzcan conflictos entre los operadores y la Administración y controlará el cumplimiento de la Ley General Audiovisual.

Este nuevo organismo, que asumirá algunas de las competencias que hoy recaen en el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, como por ejemplo, vigilar la contraprogramación, estará compuesto por siete miembros, elegidos por el Congreso de los Diputados mediante una mayoría cualificada -dos tercios de la cámara Baja- y su mandato será de seis años. Con este tope, superior a los cuatro años de una legislatura, se pretende garantizar su independencia. A tal fin, se establecerá un catálogo de motivos por los que podrán ser destituidos.

Los tres anteproyectos de ley y los dos reales decretos sobre los que pivota el Plan de Reforma de Sector Audiovisual serán sometidos a consulta en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y se remitirá a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. El Gobierno ha informado ya a los principales operadores y al conjunto del sector, según explicaron fuentes del Ejecutivo.