Luxemburgo propone el uso de lenguas vernáculas en la UE
Los ciudadanos podrían dirigirse a las instituciones europeas en los idiomas cooficiales
La presidencia luxemburguesa de la Unión Europea propondrá el lunes al Consejo que las lenguas vernáculas cooficiales españolas sean admitidas como medio de comunicación entre los ciudadanos que deseen utilizarlas y las instituciones comunitarias. También podrán ser usadas por los europarlamentarios en los plenos y a ellas serán traducidas las decisiones adoptadas por codecisión del Consejo y el Parlamento.
El Ejecutivo español acepta correr con los gastos que genere el nuevo régimen, estimados en torno al millón y medio de euros anuales.
El Gobierno español solicitó el pasado me...
La presidencia luxemburguesa de la Unión Europea propondrá el lunes al Consejo que las lenguas vernáculas cooficiales españolas sean admitidas como medio de comunicación entre los ciudadanos que deseen utilizarlas y las instituciones comunitarias. También podrán ser usadas por los europarlamentarios en los plenos y a ellas serán traducidas las decisiones adoptadas por codecisión del Consejo y el Parlamento.
El Ejecutivo español acepta correr con los gastos que genere el nuevo régimen, estimados en torno al millón y medio de euros anuales.
El Gobierno español solicitó el pasado mes de diciembre el reconocimiento oficial en la UE de las lenguas españolas distintas del castellano que cuentan con estatuto oficial en España: "el euskera, el gallego y la lengua que se denomina catalán en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la de las Illes Balears y que se denomina valenciano en la Comunidad Valenciana", según el memorándum gubernamental. El objetivo era que los ciudadanos pudieran usarlas en sus comunicaciones escritas con las instituciones; que se pudieran emplear en las sesiones plenarias del Parlamento Europeo y del Comité de las regiones, y hasta en las sesiones ministeriales formales, y que fueran traducidos a ellas textos legales finales.
La presidencia de turno de la Unión responde ahora que no es posible proceder a una modificación del reglamento de 1958 que define las que hoy son veinte lenguas oficiales de la Unión, y que asocia a España con el castellano, porque obligaría a una reforma del Tratado. Pero ofrece una alternativa "dirigida a permitir la utilización de las lenguas en cuestión" y otras que tengan "un estatuto reconocido por la Constitución de un Estado miembro en todo o parte de su territorio".
Se permite que los ciudadanos que así lo deseen podrán dirigirse en las lenguas vernáculas a las instituciones y arbitra el procedimiento: deberán remitir la carta a un organismo oficial español designado al efecto, que la verterá al castellano y remitirá ambos textos (original y traducido) al destinatario final. La respuesta será por la vía inversa. El uso de la lengua minoritaria en el Parlamento u otros foros será posible siempre que se avise con antelación suficiente y se cuente con los medios necesarios para la interpretación. Para las traducciones de textos legales la presidencia propone que no tengan valor jurídico.
El texto final de la propuesta será discutido en la reunión del lunes de los embajadores de los Veinticinco.