La pataleta

La presentación por parte del Ministerio de Educación del coste de la futura reforma de la educación no universitaria ha despertado el debate sobre las carencias de financiación del sistema educativo español. El Gobierno calcula que para poner en marcha la Ley Orgánica de Educación (LOE) será necesario invertir 6.100 millones de euros en cinco años (de 2006 a 2010). El 55% lo pagaría el ministerio, y el resto, las comunidades autónomas. El documento incluye la inversión en partidas que no están directamente relacionadas con la nueva ley, como los programas de Internet en el aula o de re...

La presentación por parte del Ministerio de Educación del coste de la futura reforma de la educación no universitaria ha despertado el debate sobre las carencias de financiación del sistema educativo español. El Gobierno calcula que para poner en marcha la Ley Orgánica de Educación (LOE) será necesario invertir 6.100 millones de euros en cinco años (de 2006 a 2010). El 55% lo pagaría el ministerio, y el resto, las comunidades autónomas. El documento incluye la inversión en partidas que no están directamente relacionadas con la nueva ley, como los programas de Internet en el aula o de refuerzo del aprendizaje. Se trata de programas que ya existen, lo que crea confusión y hace difícil entender la envergadura real de la inversión de la reforma.

Las comunidades gobernadas por el PP han calificado estas cuentas como "un engaño". Aseguran que la aportación nueva del Gobierno es escasa o pertenece a partidas "habituales y corrientes" del ministerio, como las prejubilaciones del profesorado. También critican no poder beneficiarse de las partidas destinadas a la gratuidad de la educación de tres a seis años por haberla puesto en marcha con antelación. Cataluña ha calificado la propuesta de "ambiciosa", pero "insuficiente" para sus propias necesidades.

Tras manifestar esta queja, los consejeros de las siete comunidades gobernadas por el PP abandonaron ayer la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que debían debatir esta cuestión con el Gobierno. Con independencia de la validez de sus argumentos, esta pataleta no parece la respuesta más razonable, sobre todo porque se trata de una cuestión que afectará directamente a la financiación de la educación en los territorios que gestionan. Y sobre todo, porque el Ejecutivo socialista se comprometió a presentar la LOE en el Parlamento acompañada de una memoria económica, algo que de por sí ya distingue esta reforma de la promovida por el PP en la pasada legislatura -la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE)-, que fue presentada sin compromiso financiero alguno. En algo deberán reconocer los consejeros del PP que han mejorado las cosas.

La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, dijo ayer que los cálculos que acaba de hacer públicos se refieren a la mejora en general del sistema y reconoció que algunos de ellos no están relacionados con la LOE. Tras la confusión creada con estos cálculos, cabe esperar que el texto final de la memoria económica permita conocer con exactitud hasta dónde llega la apuesta que el actual Gobierno está dispuesto a hacer en la educación no universitaria.