Bélgica regresa al genocidio ruandés
Dos acusados por las matanzas comparecen ante un tribunal de Bruselas por la ley belga de competencia universal
Dos comerciantes ruandeses detenidos hace tres años en Bruselas comparecen desde el lunes pasado ante un tribunal belga. Etienne Nzabonimana, de 53 años, y su hermanastro Samuel Ndashyikirwa, de 43, están acusados de planificar y dar apoyo a los extremistas hutus en sus terribles masacres de 1994 que sólo en la región de Kibungo asesinaron a 50.000 personas en dos semanas. Es la segunda vez que Bélgica aplica su ley de competencia universal tras condenar en 2001 a otros cuatro ruandeses implicados en el exterminio de 800.000 tutsis y hutus moderados.
La vista del juicio está suponiendo ...
Dos comerciantes ruandeses detenidos hace tres años en Bruselas comparecen desde el lunes pasado ante un tribunal belga. Etienne Nzabonimana, de 53 años, y su hermanastro Samuel Ndashyikirwa, de 43, están acusados de planificar y dar apoyo a los extremistas hutus en sus terribles masacres de 1994 que sólo en la región de Kibungo asesinaron a 50.000 personas en dos semanas. Es la segunda vez que Bélgica aplica su ley de competencia universal tras condenar en 2001 a otros cuatro ruandeses implicados en el exterminio de 800.000 tutsis y hutus moderados.
La vista del juicio está suponiendo un dramático regreso a uno de los genocidios de la segunda mitad del siglo XX. El testimonio de Esther Mujawayo-Keiner, una fisioterapeuta que escapó del horror, abrió fuego de artillería contra el olvido con su detallado relato de las violaciones sistemáticas, individuales o colectivas, que sufrieron al menos el 80% de las supervivientes. Mujeres que imploraban la muerte a sus verdugos sin saber que ésta les esperaba de todas formas pacientemente; en algunos casos por el simple contagio del sida.
Etienne Nzabonimana y Samuel Ndashyikirwa están acusados de planificar y apoyar a los verdugos de su provincia. El primero era comerciante de cervezas y el segundo tenía una pequeña empresa de transportes. Ambos, según los testimonios recogidos por la investigación belga, habrían facilitado sus vehículos y su apoyo financiero (incluido el reparto de bebidas alcohólicas) a los jóvenes milicianos extremistas hutus del llamado interhamue (los que matan juntos).
Recuento de crímenes
Algunos testigos aseguran incluso que cada tarde se reunían en casa de Etienne Nzabonimana para hacer recuento de lo cometido y planificar los siguientes movimientos. Como ha explicado ante los jueces belgas una experta de la organización Human Rights Watch, Etienne Nzabonimana y Samuel Ndashyikirwa, como muchos otros comerciantes del país, jugaron un papel de apoyo esencial en el genocidio ruandés que acabó con casi el 75% de la minoría tutsi.
Los dos acusados huyeron de Ruanda y creyeron encontrar refugio en Bélgica, hasta que la policía belga les identificó y les detuvo a finales de 2002. Una vez constituido el jurado popular de este caso el lunes pasado, uno de los abogados defensores, conocedor de la realidad ruandesa, advirtió de la dificultad de llevar ante el tribunal testimonios suficientes para llegar a un veredicto justo. Pero entre las declaraciones está, por ejemplo, la de una amiga de la hija de Nzabonimana que se había alojado algunos días en su casa en aquellas fechas trágicas.
El testimonio de ambos encausados, el martes pasado, no ha sido, además, muy convincente. Etienne Nzabonimana vivía frente a la prefectura de Kibungo, un lugar en el que se concentraron altercados y asesinatos en masa. Nzabonimana dice, sin embargo, no haber oído ni visto nunca nada. Asegura que durante todo el tiempo que duró el genocidio (en abril de 1994) nunca había abandonado la parcela en la que vivía. Samuel Ndashyikirwa, por su parte, se muestra como víctima de los que mataron a su familia y ocuparon sus casas, lo que, como recordó la presidenta del tribunal, Karin Gérard, nunca ha quedado demostrado.
El juicio se prolongará, previsiblemente, hasta junio. Más testimonios y algunos documentales hechos sobre el terreno revivirán aquella tragedia en la capital de Europa, como hace cuatro años, cuando fueron juzgados y condenados a entre 12 y 20 años de cárcel dos monjas y dos hombres de negocios implicados en este dramático capítulo de África. Y ello es posible gracias a la ley belga de competencia universal, convenientemente reformada desde entonces para dificultar el arresto de dirigentes extranjeros tras la denuncia presentada contra el primer ministro israelí, Ariel Sharon, y otros mandatarios.