Suspenso en gases
España ratificó en 2002 el Protocolo de Kioto sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que entró en vigor el pasado febrero con la firma de Rusia. Mucho va a tener que esforzarse nuestro país para cumplir el compromiso de mínimos establecido para la Unión Europea de rebajar en un 8% las emisiones respecto al nivel de 1990. En el caso español, el objetivo se ha fijado en un aumento del 15%, dado que parte de niveles de emisión comparativamente inferiores a la media europea.
Las previsiones no pueden ser menos halagüeñas, tal como señalan los últimos estudios, y tam...
España ratificó en 2002 el Protocolo de Kioto sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que entró en vigor el pasado febrero con la firma de Rusia. Mucho va a tener que esforzarse nuestro país para cumplir el compromiso de mínimos establecido para la Unión Europea de rebajar en un 8% las emisiones respecto al nivel de 1990. En el caso español, el objetivo se ha fijado en un aumento del 15%, dado que parte de niveles de emisión comparativamente inferiores a la media europea.
Las previsiones no pueden ser menos halagüeñas, tal como señalan los últimos estudios, y tampoco son tranquilizadoras las actuaciones del Gobierno socialista, resuelto en un principio a enderezar graves negligencias del anterior, pero contradictorio en las políticas de sus departamentos. Un informe presentado por el instituto de estudios independiente World Watch y Comisiones Obreras afirma que España figura a la cabeza de las naciones industrializadas en aumento de emisiones de dióxido de carbono. Durante el pasado año se incrementaron en un 3,55% respecto al anterior y entre 1990 y 2004, nada menos que en un 45,61%. Un suspenso rotundo, como certifica el que seamos el socio que más se aleja entre los 15 europeos que se comprometieron conjuntamente a esa rebaja del 8%. El sector energético es el principal responsable.
Obligado por la UE, el Gobierno socialista aprobó el pasado octubre un plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases, centrado principalmente en los sectores eléctrico, cerámico, cementero y siderúrgico. El plan es positivo y voluntarista pero insuficiente, pues choca con las actuaciones que emanan sobre todo del Ministerio de Industria, que sigue fomentando una política energética muy poco acorde con el pacto de Kioto, y menos aún con las manifestaciones entusiastas que los ministros del ramo transmiten a sus colegas en Bruselas. Es necesario corregir el rumbo, aplicando medidas concretas de ahorro y eficiencia energética en todos los sectores y en el consumo doméstico. Igualmente es urgente poner en marcha la estrategia contra el cambio climático que el anterior Ejecutivo dejó pendiente. España ha perdido mucho tiempo en política medioambiental y necesita ahora correr mucho más que otros.
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