Osuna ingresó 2,8 millones en una cuenta de la que sólo él podía disponer

Román pide a Martínez que condene "de una vez por todas" las actuaciones "escandalosas"

El ex delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna, del PP, firmó el 27 de abril de 2001 una transferencia bancaria de 2,83 millones de euros desde una cuenta del recinto fiscal gaditano en una sucursal de El Monte a una oficina del BBVA en la plaza de San Juan de Dios de la ciudad de Cádiz a nombre de Miami Free Zone, para abonar el último pago de un contrato por material informático y de asesoramiento con esta empresa. Sólo el dirigente popular tenía autorización de la propia sociedad norteamericana para operar con ese dinero.

El diputado nacional y portavoz de...

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El ex delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna, del PP, firmó el 27 de abril de 2001 una transferencia bancaria de 2,83 millones de euros desde una cuenta del recinto fiscal gaditano en una sucursal de El Monte a una oficina del BBVA en la plaza de San Juan de Dios de la ciudad de Cádiz a nombre de Miami Free Zone, para abonar el último pago de un contrato por material informático y de asesoramiento con esta empresa. Sólo el dirigente popular tenía autorización de la propia sociedad norteamericana para operar con ese dinero.

El PSOE acusa al ex delegado de ser "el que paga y el que cobra" durante un tiempo
Los socialistas insisten en que Osuna mantuvo sin razón el contrato con Miami Free Zone

El diputado nacional y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Rafael Román, acusó nuevamente a Osuna de representar "al mismo tiempo" los intereses de la Zona Franca que dirigía y a Miami Free Zone en una actuación que tildó de "escandalosa". Román instó a la alcaldesa y presidenta del Consorcio, Teófila Martínez, a condenar estas actuaciones. "El que paga y el que cobra es la misma persona durante un tiempo. ¿Alguien ha visto un comportamiento tan escandaloso en la administración pública gaditana alguna vez?", preguntó Román. "Debemos desentrañar esta impresionante trama con la ayuda de la justicia", añadió.

La sociedad Rilco -filial de la Zona Franca- firmó el 29 de enero de 2000 un contrato de 4.237.135 euros con Miami Free Zone por una red informática que nunca llegó a funcionar. El material recibido, según un primer cálculo de la Universidad de Sevilla, vale una cuarta parte de lo que la Zona Franca pagó a la empresa norteamericana. Según la Abogacía y la Intervención General del Estado, el también ex delegado popular Manuel Rodríguez de Castro adjudicó este contrato a esta empresa, que incumplió numerosos puntos del pliego de condiciones.

Según publicó El PAÍS el 16 de noviembre de 2004, los primeros pagos a esta sociedad de Miami los autorizó Rodríguez de Castro cuando ya había cesado en el cargo. Firmó sendas transacciones bancarias por valor de 644.000 y 761.785 euros de la cuenta de Rilco en El Monte a la cuenta que tiene Miami Free Zone en el banco Brickell Branch de Florida.La última parte del contrato, de 2,83 millones, no se hizo mediante transferencia bancaria como los anteriores. Osuna y el director de Rilco, Fernando Ortiz, lo depositaron en una sucursal gaditana del BBVA a nombre de Miami Free Zone. Sólo el delegado de la Zona Franca estaba autorizado para disponer de este dinero que, según fuentes de la Zona Franca, fue retirado en pequeñas cantidades.

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Ni Osuna ni el PP de Cádiz ofrecieron ayer explicaciones sobre este asunto. El ex delegado sí reconoció el pasado mes de febrero que representó "temporalmente" a Miami Free Zone para renegociar los servicios prestados a la Zona Franca e ingresar ayudas europeas y nacionales.

Rafael Román aportó otro documento del Gobierno central que confirma que la Abogacía del Estado no avaló "en ningún momento" el contrato.

Según Román, Osuna mintió y mantuvo "sin justificación un contrato claramente lesivo, leonino e irregular para los intereses de la Zona Franca". Román ofreció también otros documentos que demuestran, en su opinión, que Osuna defendió a su antecesor Rodríguez de Castro al presentar alegaciones sobre algunas irregularidades en su gestión.

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