La agencia de alquiler cobrará al dueño una comisión del 20% por arrendar su piso

El Gobierno autorizó ayer la creación de uno de sus proyectos estrella, la Sociedad Pública de Alquiler, cuyo objetivo es intermediar en este mercado y dar seguridad jurídica a los arrendatarios. El propietario del piso deberá pagar a esa sociedad una comisión del 20% de la renta del inmueble que le cobre al inquilino. A cambio, el nuevo organismo público le garantizará el cobro de la renta mensual durante cinco años y el perfecto estado de la vivienda. Si el inquilino deja de pagar o provoca algún daño, la entidad pública se hará cargo de todos los gastos, incluyendo los judiciales, mediante ...

El Gobierno autorizó ayer la creación de uno de sus proyectos estrella, la Sociedad Pública de Alquiler, cuyo objetivo es intermediar en este mercado y dar seguridad jurídica a los arrendatarios. El propietario del piso deberá pagar a esa sociedad una comisión del 20% de la renta del inmueble que le cobre al inquilino. A cambio, el nuevo organismo público le garantizará el cobro de la renta mensual durante cinco años y el perfecto estado de la vivienda. Si el inquilino deja de pagar o provoca algún daño, la entidad pública se hará cargo de todos los gastos, incluyendo los judiciales, mediante pólizas de seguros.

La nueva agencia estará plenamente operativa en otoño próximo, con un bolsa inicial de 1.000 viviendas que llegará a un mínimo de 25.000 en cuatro años, es decir, un 1,5% del mercado de alquiler en España, según indicó la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El objetivo es dinamizar este mercado", aseguró. Sólo un 10% de las viviendas está en alquiler (1,6 millones de pisos) en España, frente a la media europea del 30%. Además, hay 3,2 millones de casas vacías y el Gobierno quiere promover que salgan al mercado.

La Sociedad Pública del Alquiler se constituirá la próxima semana, tendrá forma jurídica de sociedad anónima y se autofinanciará. Las rentas de los inquilinos serán su principal recurso, ya que se quedará con un 20% del total de la renta fijada, según informó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Fuentes de Vivienda matizaron más tarde que ese porcentaje es un tope, y que podrá oscilar a la baja, según el tamaño y localización del piso, aunque todavía faltan detalles por concretar.

En esta bolsa de vivienda tutelada por el Gobierno sólo se aceptarán pisos "a precios asequibles", dijo Trujillo. Habrá pues un límite máximo de precio y superficie de las diferentes tipologías de viviendas, que todavía no se han concretado. Para desarrollar esta bolsa se alcanzarán acuerdos con comunidades autónomas, ayuntamientos, asociaciones juveniles, tasadoras, aseguradoras, inmobiliarias, etcétera, para coordinar con la Sociedad de Alquiler las viviendas que estas entidades ya gestionan.

A cambio de ceder parte de la renta, el propietario tendrá la garantía de que cobrará todos los meses durante cinco años -duración legal máxima de un contrato de alquiler- desde el momento en que la sociedad le encuentre un primer inquilino. Si el arrendatario deja de pagar, un seguro contratado por la sociedad se hará cargo del pago en su lugar. De la misma forma, si el inquilino decide marcharse del piso antes de que venza el plazo de cinco años, la sociedad buscará un sustituto y, mientras, el propietario seguirá cobrando igualmente.

Viviendas en perfecto estado

Habrá otros seguros multirriesgo que garantizarán al arrendador que el piso se devuelve en perfecto estado tras el fin del contrato. Además, la Sociedad Pública de Alquiler ofrecerá asistencia jurídica y pagará los gastos de los procesos judiciales. Eso sí, si se produce un impago de más de dos meses, el propietario se compromete a demandar al inquilino para pedir el desalojo, ya que el nuevo organismo público no podrá iniciar el proceso judicial, aunque le asistirá legalmente durante el litigio.

La vicepresidenta del Gobierno indicó que el ministro de Justicia se ha comprometido a agilizar los procesos de desahucio. La Ley de Enjuiciamiento Civil ya prevé juicios rápidos para estos casos, pero hasta ahora no se han puesto a la práctica por falta de medios. En la actualidad, se pueden tardar hasta unos dos años en desalojar a un moroso.

El inquilino, por su parte, no pagará ninguna tasa a la agencia; sólo tendrá que depositar como aval un mes de fianza, tal y como establece la normativa actual.

Para recibir ofertas, la sociedad tiene previsto habilitar una página de Internet y un centro de atención de llamadas telefónicas, detalló Trujillo. En principio, no abrirá oficinas propias por todo el país, sino que trabajará a través de las autonómicas y locales, y sólo contará con 20 empleados.

En cuatro años, esta entidad pública podría alcanzar el punto de equilibrio y empezar a ser rentable, al tiempo que un año más tarde podría llegar a gestionar cerca del 1% del mercado de alquiler español. En principio, su vida se ha limitado a 10 años y, una vez transcurrido ese periodo, se revisará la situación del mercado del alquiler para ver si es conveniente que siga activa.

La sociedad -que dependerá de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes) y estará tutelada por Vivienda- fomentará la creación de entidades y herramientas que faciliten el aumento de las viviendas alquiladas.