El pleno de la Zona Franca autoriza al delegado a querellarse por las irregularidades
De Mier podrá llevar ante la justicia a Rodríguez de Castro, Osuna y García Gallardo
El pleno de la Zona Franca de Cádiz acordó ayer, con los votos en contra del PP, autorizar al delegado especial del Estado, José de Mier, del PSOE, o al comité ejecutivo que preside a dar instrucciones al abogado del Estado en este organismo para que interponga todas las querellas necesarias contra "cualesquiera personas" que puedan estar implicadas en las irregularidades relacionadas con Quality Food y Rilco, dos sociedades participadas por el recinto fiscal. El PSOE ha señalado como supuestos responsables de las irregularidades a los ex delegados del PP Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Os...
El pleno de la Zona Franca de Cádiz acordó ayer, con los votos en contra del PP, autorizar al delegado especial del Estado, José de Mier, del PSOE, o al comité ejecutivo que preside a dar instrucciones al abogado del Estado en este organismo para que interponga todas las querellas necesarias contra "cualesquiera personas" que puedan estar implicadas en las irregularidades relacionadas con Quality Food y Rilco, dos sociedades participadas por el recinto fiscal. El PSOE ha señalado como supuestos responsables de las irregularidades a los ex delegados del PP Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna y al ex presidente de Quality Food Manuel García Gallardo, ex militante del Partido Popular.
José de Mier comunicará esta misma mañana las primeras acciones penales por las anomalías en Quality Food. Sobre esta empresa dedicada a servicios de alimentación y catering, la Abogacía del Estado insta a la Zona Franca, en su último informe remitido al Ministerio de Economía y Hacienda, a emprender de inmediato una querella criminal por posibles delitos de fraude y apropiación indebida contra Manuel García Gallardo "y contra cualesquiera otras personas que pudieran estar implicadas en los hechos".
Para el PP, Osuna no tiene responsabilidades en estos hechos, en atención a un informe del Abogado del Estado solicitado por la presidenta del Consorcio y alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. "El abogado del Estado dice que no hay razón para ejercer acciones penales contra Osuna", dijo ayer el PP en un comunicado, aunque no hizo público la respuesta íntegra de la Abogacía. Este informe no fue atendido por el pleno de la Zona Franca que, según explicaron los consejeros socialistas Francisco Piniella y Carolina Camacho, se remite directamente al informe original del que dispone el Ministerio de Economía.
Las acciones penales por las presuntas irregularidades de Rilco se emprenderán en cuanto esta entidad, dependiente del Ministerio de Hacienda, reciba un informe de la Universidad de Sevilla con un peritaje de las operaciones económicas de esta empresa digital.
Informe
El pleno autorizó a De Mier a encargar el mencionado informe de la Universidad de Sevilla para calcular el valor del material informático recibido por Rilco a raíz de dos polémicos contratos de 6,8 millones de euros que pagó la Zona Franca en 2000 y 2001 a Miami Free Zone y Telvent Interactiva. El pago se efectuó para adquirir material informático con el que crear una red de comercio digital que nunca llegó a funcionar y que, según un primer adelanto realizado por un departamento de la Universidad de Sevilla, tiene un precio que apenas alcanza dos millones de euros. La Abogacía del Estado exigía esta valoración "con carácter previo al ejercicio de acciones contables o penales contra los gestores de Rilco".
El PSOE responsabiliza de estos contratos a Manuel Rodríguez de Castro, que firmó los contratos y autorizó los primeros pagos, y a Osuna, quien autorizó los últimos pagos. La Abogacía del Estado no avaló "en ningún momento" estos contratos millonarios y tampoco emitió ningún informe contrario para poder anular este contrato, como adujo el también ex delegado popular Miguel Osuna para justificar que mantuvo los pagos que inició su antecesor. Son las dos principales conclusiones de la Abogacía del Estado en las respuestas que ofreció a un cuestionario planteado hace tres meses por EL PAÍS.
Tras el pleno, Francisco Piniella se mostró satisfecho porque las propuestas aprobadas "son lo más abiertas posibles para que ningún responsable de irregularidades pueda estar excluido de las acciones penales que decida el comité ejecutivo y el delegado".
Una lectura bien dispar ofreció el consejero popular Ignacio Romaní, quien lamentó que el pleno no decidiese actuar expresamente ya contra Manuel García Gallardo. Al mismo tiempo, criticó que el PSOE "haya sido incapaz de mantener sus acusaciones públicas contra Miguel Osuna dentro de su campaña de acoso y derribo contra un dirigente libre de toda sospecha".