El 'otro' referéndum
Cuando apenas nos hemos repuesto del frío referéndum consultivo sobre la Constitución europea que planteó el presidente del Gobierno, puede parecer inoportuno reflexionar sobre otro referéndum que se encuentra oculto en la agenda política: me refiero al referéndum sobre el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña que se deberá convocar si se aprueba el texto en el Parlament y se ratifica (o modifica) en las Cortes Generales.
En efecto, el proceso de elaboración del nuevo Estatut consta de tres grandes fases; a saber: su aprobación en el Parlament; la remisión del texto a las Corte...
Cuando apenas nos hemos repuesto del frío referéndum consultivo sobre la Constitución europea que planteó el presidente del Gobierno, puede parecer inoportuno reflexionar sobre otro referéndum que se encuentra oculto en la agenda política: me refiero al referéndum sobre el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña que se deberá convocar si se aprueba el texto en el Parlament y se ratifica (o modifica) en las Cortes Generales.
En efecto, el proceso de elaboración del nuevo Estatut consta de tres grandes fases; a saber: su aprobación en el Parlament; la remisión del texto a las Cortes Generales, donde, con participación autonómica y previa su toma en consideración por el pleno, deberá ser estudiado en la comisión constitucional del Congreso y, tras su aprobación, remitirse al Senado para que sea asimismo sometido a enmiendas y, en su caso, aprobado. La aprobación definitiva del nuevo Estatut, como ley orgánica que es, requerirá la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final de conjunto y, en fin, una vez aprobado por las Cortes deberá ser ratificado en referéndum por el pueblo de Cataluña. Sin la suma de estas tres fases, el nuevo Estatut no puede entrar en vigor. Ni que decir tiene que los problemas políticos se sitúan tanto en la primera fase como en la segunda, pero sobre ambas ya se ha reflexionado suficiente, mientras que sobre la tercera apenas nada se ha dicho.
El proyecto de nuevo Estatut requiere para ser aprobado en sede autonómica dos terceras partes del Parlament (90 escaños). Esto implica que el actual Gobierno de la Generalitat necesita imprescindiblemente del apoyo de CiU, mientras que, al menos aritméticamente, el apoyo del PP es irrelevante. Si el Estatut se aprobara por consenso de las fuerzas políticas en Cataluña y apenas sufriera modificación alguna en su tránsito por las Cortes, el referéndum ulterior sería un puro trámite. Éste es el escenario idílico; pero si esto no se produce, comienzan los problemas.
En efecto, los problemas aparecerán si el nuevo Estatut no es aprobado por todos los grupos políticos, lo que implicaría lisa y llanamente que el PP no lo apoya. En ese supuesto, su paso por las Cortes Generales estará, presumiblemente, salpicado de tensiones. Si el PP hace bandera de su oposición al nuevo Estatut, la tramitación parlamentaria será difícil, y más aún por el acompañamiento del coro mediático de la derecha, que tensará, sin duda, la situación política. Aun así, podría aprobarse en el Congreso de los Diputados y con más problemas en el Senado (aunque ello, en el peor de los casos, sólo supondría una oposición simbólica). Los costes de este proceso serían elevados: la no aprobación de la reforma constitucional en los aspectos vinculados a la estructura territorial, pues aquí el concurso del PP sí es imprescindible. Y en ese caso, el referéndum sobre el nuevo Estatut distaría de ser pacífico.
Más problemas suscita la hipótesis de que el texto propuesto por el Parlament sea objeto de retoques sustanciales en su tramitación en las Cortes, puesto que aquí el consenso obtenido por las fuerzas políticas catalanas (sea total o parcial) se puede ver roto en pedazos. Y esta hipótesis, lejos de ser irreal, forma parte de lo que es un proceso natural de negociación política sobre un tema en exceso delicado. Pues el nuevo Estatut también recibirá (ya está recibiendo) una oposición interna por parte del propio PSOE.
Si esos retoques sustanciales se produjeran y el texto se aprobara en las Cortes Generales, el referéndum sobre el nuevo Estatut se convertiría posiblemente en un debate político de incalculables consecuencias. En efecto, en ese teatro entrarían en escena muchos elementos, uno de ellos muy importante, como es el tiempo político y, sobre todo, la proximidad de las elecciones catalanas (si es que la actual legislatura autonómica aguanta), así como la relativa proximidad de las elecciones generales y, por añadidura, la propia estabilidad de los gobiernos central y autónomo. Las combinaciones son múltiples y no interesa aquí detallarlas, pero no se puede descartar que la oposición al nuevo Estatut proviniera, por un lado, de CiU (que se justificaría en no haber visto satisfechas sus demandas de autogobierno) y, en su caso, del PP (que podría considerar que el nuevo Estatut va demasiado lejos). Si así fuera, este escenario es uno de los peores, pues puede conducir a un referéndum en el que el voto negativo reúna dos tendencias contrapuestas y el voto positivo se limite exclusivamente a las fuerzas políticas de un desgastado Gobierno de la Generalitat. Cabe, igualmente, una oposición única de CiU, lo que no dejaría de plantear problemas de legitimidad al Estatut resultante y dividiría el voto nacionalista de forma incomprensible.
Pero hay un escenario peor aún, que sería el de una oposición al nuevo Estatut de las fuerzas políticas nacionalistas, lo que conduciría a una crisis de incalculables resultados. Aunque este momento es probable que nunca se alcance, ya que antes se produciría la retirada o el bloqueo definitivo del texto estatutario, pues resultaría insólito pretender aprobar un nuevo Estatut sin el concurso de los partidos nacionalistas y más aún pretender someterlo a referéndum. Aun así, la crisis abierta y las frustraciones acumuladas pasarían una alta factura política.
Lo que cabe descartar es la ingenua pretensión (muy extendida en Cataluña) de que el texto del Estatut que apruebe el Parlament se ratificará sin modificación alguna por las Cortes Generales. Y si hay modificaciones, habrá problemas. Por mucho que nuestra clase política centre toda sus energías en la ingeniería estatuyente del proceso de tramitación parlamentaria, nunca se debería olvidar que hay un último e importantísimo trámite (el referéndum) donde los ciudadanos, al fin y a la postre la sociedad civil, se movilizarán y expresarán su aprobación o rechazo al texto acordado, y allí se observará nítidamente cuáles son en verdad los grandes entusiasmos que en la sociedad catalana ha despertado ese largo (y hasta ahora tedioso) proceso de aprobación del nuevo Estatut. El debate se animará sin duda en la segunda fase, y más aún, si llega el día, en la tercera. Pero para alcanzar ese momento hay que recorrer antes un camino plagado de dificultades y lleno de incógnitas.
Rafael Jiménez Asensio es profesor de Derecho Constitucional de la UB.