Ricos y subvencionados
Siete familias españolas reciben en conjunto tanto dinero en subsidios agrícolas europeos como las 12.700 explotaciones más pequeñas del país. Este dato, desvelado el jueves por la organización Intermón Oxfam, evidencia los graves desequilibrios y desigualdades que permite la Política Agrícola Común (PAC), que gestiona la Comisión Europea sobre unas bases sentadas en la posguerra para aumentar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores, estabilizar los mercados y garantizar el suministro seguro a precios razonables.
Los beneficios de la PAC son ...
Siete familias españolas reciben en conjunto tanto dinero en subsidios agrícolas europeos como las 12.700 explotaciones más pequeñas del país. Este dato, desvelado el jueves por la organización Intermón Oxfam, evidencia los graves desequilibrios y desigualdades que permite la Política Agrícola Común (PAC), que gestiona la Comisión Europea sobre unas bases sentadas en la posguerra para aumentar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores, estabilizar los mercados y garantizar el suministro seguro a precios razonables.
Los beneficios de la PAC son evidentes. Europa ha podido sostener el tejido social en el medio rural, mejorar su producción agrícola y mantener su producción a precios competitivos. La otra cara de la moneda es el dumping comercial a escala mundial y ese esperpento perpetuado en el tiempo de subvencionar cada año con dinero público a las grandes explotaciones y a los terratenientes europeos.
La Comisión Europea siempre ha reconocido que el 80% de los fondos va a parar a sólo el 20% de los productores. Pero el análisis de Intermón Oxfam, tras casi un año de rastreo en los boletines oficiales y los datos que sólo algunas comunidades autónomas facilitan, ofrece una imagen aún más cristalina del desafuero. De hecho, el anterior comisario de Agricultura, Franz Fischler, propuso limitar las subvenciones de modo que éstas no superaran nunca los 300.000 euros anuales para una sola explotación. Alemania, país de productores a gran escala, no lo aceptó y los demás países no lo reclamaron.
La reforma de la PAC que ha entrado este año en vigor dejará de incentivar la producción. Los pagos ya no se harán por cantidad producida o hectárea cultivada, sino a cambio de que las explotaciones mantengan el medio ambiente, el bienestar animal y buenas condiciones sociales. Los grandes países productores, como Francia y España, y los potentes sindicatos agrícolas defienden la PAC a capa y espada. Cualquier modificación es tachada de anatema.
Pero este enorme desequilibrio en las subvenciones, especialmente sangrante si se tiene en cuenta la situación de los países pobres -cuyas economías dependen sustancialmente de la agricultura y cuyas exportaciones se ven gravemente perjudicadas por la competencia de los productos europeos subvencionados-, debería desembocar en una reflexión profunda sobre un sistema que todavía este año se lleva 49.676 millones de euros de los 116.554 millones del presupuesto total de la Unión Europea. Nada menos que el 43%.