El Gobierno ucranio quiere renacionalizar decenas de empresas
Un tribunal declara ilegal la privatización de la principal metalúrgica del país
El proceso de revisión de las privatizaciones en Ucrania comenzó ayer con la decisión de un tribunal de Kiev de declarar ilegal la venta de Krivorozhstal, el principal combinado metalúrgico del país. Pero el nuevo régimen no piensa limitarse a esta nacionalización. Mientras el presidente, Víktor Yúshenko, anunció que sólo se nacionalizarían 30 empresas, la primera ministra, Yulia Timoshenko, habla de 3.000 compañías.
La empresa metalúrgica, privatizada a mediados del año pasado, fue comprada por el yerno del ex presidente Leonid Kuchma y el oligarca de Donetsk, Rinat Ajmétov, a un preci...
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El proceso de revisión de las privatizaciones en Ucrania comenzó ayer con la decisión de un tribunal de Kiev de declarar ilegal la venta de Krivorozhstal, el principal combinado metalúrgico del país. Pero el nuevo régimen no piensa limitarse a esta nacionalización. Mientras el presidente, Víktor Yúshenko, anunció que sólo se nacionalizarían 30 empresas, la primera ministra, Yulia Timoshenko, habla de 3.000 compañías.
La empresa metalúrgica, privatizada a mediados del año pasado, fue comprada por el yerno del ex presidente Leonid Kuchma y el oligarca de Donetsk, Rinat Ajmétov, a un precio menor al que estaban dispuestos a pagar otros inversores. Los dueños de Krivorozhstal recurrirán la sentencia del tribunal de Kiev, según anunciaron ayer sus abogados. Víktor Pinchuk, casado con la hija del ex presidente Kuchma, y el oligarca Ajmátov pagaron 800 millones de dólares por el 93,02% de las acciones de Krivorozhstal, mientras otros inversores rusos proponían comprar el combinado por 1.200 millones y el consorcio britano-estadounidense LBM-US ofrecía 1.500.
Después de la victoria de Yúshenko, Pinchuk dijo estar dispuesto a cancelar la diferencia entre lo que habían pagado y la suma que ofrecían los inversores extranjeros que no pudieron participar en la subasta debido a las condiciones impuestas por el régimen de Kuchma. Sin embargo, el nuevo Gobierno no quiere dejar en manos de sus enemigos políticos tan vital empresa, que obtiene beneficios anuales de más de mil millones de dólares. Y si la desprivatización de Krivorozhstal es algo esperado, ya anunciado durante la campaña electoral de Yúshenko, lo que ha sido una sorpresa son los grandiosos planes de nacionalización que tiene la primera ministra, Yulia Timoshenko.
"Devolveremos al Estado lo que ilegalmente fue entregado a manos privadas, pero deshonestas", declaró anteayer Timoshenko al informar de que el Gobierno había coordinado con la Fiscalía General las acciones a tomar en relación con 3.000 empresas que habían sido privatizadas irregularmente.
El anuncio de la primera ministra, que refleja un punto de vista distinto al del presidente, ha desencadenado críticas por parte de los economistas liberales y despertado preocupación en los círculos de inversores, tanto ucranios como rusos.
"El apetito de las nuevas autoridades con respecto al número de empresas que deben ser devueltas a propiedad estatal para una segunda venta posterior crecen con progresión geométrica", comentó Alexandr Pasjaver, asesor de Yúshenko. "Si el martes el presidente daba la cifra de 30, afirmando que la lista sería definitiva, al día siguiente la primera ministra aumentaba el número de empresas a nacionalizar en 100 veces. El Fondo de Bienes Estatales ha informado que de hecho hay que revisar el 42% de las privatizaciones de los últimos cinco años", señalaba Pasvajer, que criticó esos planes calificándolos de "regreso a los tiempos de la Unión Soviética".
Borís Nemtsov, el dirigente de la derecha rusa que ha sido nombrado consejero del presidente ucranio, también criticó el programa de renacionalización de Timoshenko. Si se impone el plan de la primera ministra y no el de Yúshenko, habrá una gran fuga de capitales de Ucrania, advirtió Nemtsov.
Las contradicciones surgidas entre el presidente y la primera ministra no son las únicas del nuevo régimen, como lo demuestra el hecho de que Román Zvárich, flamante ministro de Justicia, haya presentado su dimisión. La renuncia de Zvárich -representante de la línea legalista y moderada en el Gabinete- tiene ribetes de escándalo, sobre todo porque acusa a algunos ministros de corrupción, mal que Yúshenko había prometido que desaparecería de su Gobierno.