El Congreso rechazará la petición del PNV para negociar el 'plan Ibarretxe'

Una resolución de 1993 establece cómo tramitar la reforma estatutaria

La Mesa del Congreso de los Diputados rechazará hoy la petición de los diputados nacionalistas de PNV, EA y Nafarroa Bai para que la propuesta de reforma del Estatuto aprobada por el Parlamento vasco se tramite directamente en la Comisión Constitucional mediante una negociación con una delegación vasca. El PP y el PSOE apoyarán el rechazo del plan Ibarretxe en un Pleno que celebrará el Congreso el próximo 1 de febrero.

El PNV, partido mayoritario en el Gobierno vasco, sostiene que la Constitución, en su artículo 151.2, establece las pautas de tramitación de una reforma estatutari...

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La Mesa del Congreso de los Diputados rechazará hoy la petición de los diputados nacionalistas de PNV, EA y Nafarroa Bai para que la propuesta de reforma del Estatuto aprobada por el Parlamento vasco se tramite directamente en la Comisión Constitucional mediante una negociación con una delegación vasca. El PP y el PSOE apoyarán el rechazo del plan Ibarretxe en un Pleno que celebrará el Congreso el próximo 1 de febrero.

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El PNV, partido mayoritario en el Gobierno vasco, sostiene que la Constitución, en su artículo 151.2, establece las pautas de tramitación de una reforma estatutaria en el Congreso de los Diputados. Por eso, asegura que la tramitación que pretenden dar a este caso los principales grupos parlamentarios -votar en un Pleno su toma en consideración y devolver el proyecto a la Cámara vasca si es rechazado- es inconstitucional.

La Constitución (véase gráfico) estableció un mecanismo para la "elaboración de los Estatutos de autonomía" que, posteriormente, fue complementado mediante resoluciones de la Presidencia del Congreso para hacer frente a las primeras reformas estatutarias que llegaron a las Cortes.

Una de esas resoluciones fue aprobada por el entonces presidente del Congreso, el socialista Félix Pons, en marzo de 1993. El secretario general del Congreso era Ignacio Astarloa (posteriormente subsecretario de Justicia, primero, y secretario de Estado de Seguridad, y ahora diputado del PP).

En esa resolución, se explicaba que el Reglamento del Congreso resultaba "insuficiente" para desarrollar todas las variantes del procedimiento a seguir por las Cortes, "teniendo en cuenta las diferentes fórmulas de reforma recogidas por los Estatutos de autonomía".

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En la resolución que precisaba los procedimientos a seguir se hacía una primera distinción entre los estatutos aprobados por la vía del artículo 151 de la Constitución (Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía) y el resto.

Ausencia peneuvista

La Presidencia aprobó el sistema de tramitación con el "parecer favorable de la Mesa del Congreso y de la Junta de Portavoces". El día de la aprobación "por unanimidad" en la Junta de Portavoces, no estuvieron presentes en la reunión ni el entonces portavoz titular del PNV, Iñaki Anasagasti, ni el suplente, Emilio Olabarria, según indicaron ayer fuentes parlamentarias.

El procedimiento establecía múltiples trámites antes de que una propuesta de reforma estatutaria de las comunidades que accedieron a su autonomía a través del artículo 151 de la Constitución pasara a la Comisión Constitucional, como ahora piden el PNV y sus socios en el Gobierno vasco (EA y Ezker Batua).

Entre esos trámites figuraba el examen de la Mesa del Congreso y el debate en Pleno para resolver sobre si la Cámara baja tomaba en consideración en texto o lo devolvía al Parlamento autónomo que tomó la iniciativa.

Josu Erkoreka, portavoz actual del PNV en el Congreso de los Diputados, pidió ayer a la Mesa del Congreso, junto a parlamentarios de EA y Nafarroa Bai que reconsidere su decisión de votar en Pleno la toma en consideración o no del plan Ibarretxe. Erkoreka consideró "ineludible e inevitable" por mandato constitucional la negociación previa con el Parlamento vasco, autor de la iniciativa.

Erkoreka anunció que si el Pleno del Congreso rechaza la toma en consideración del texto estatutario el próximo 1 de febrero, como tienen previsto el PSOE y el PP, el Gobierno tripartito vasco recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional.

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