Bruselas cuestiona algunas decisiones del acuerdo para reflotar Izar
La Comisión Europea alarga el plazo previsto para devolver las ayudas públicas ilegales
Una de cal y otra de arena. Para la Comisión Europea, el "análisis preliminar" del acuerdo sobre Izar demuestra que los acuerdos suscritos por el Gobierno español con Bruselas "no han sido respetados". Pero para facilitar la salida de la crisis aplaza para el próximo año, sin fecha, la exigencia de la devolución de una de las partidas, la de 376 millones de euros, que el anterior comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, ya había aplazado, con generosidad, para finales de diciembre. El Gobierno español dijo ayer que "está tranquilo porque el acuerdo respeta la normativa europea".
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Una de cal y otra de arena. Para la Comisión Europea, el "análisis preliminar" del acuerdo sobre Izar demuestra que los acuerdos suscritos por el Gobierno español con Bruselas "no han sido respetados". Pero para facilitar la salida de la crisis aplaza para el próximo año, sin fecha, la exigencia de la devolución de una de las partidas, la de 376 millones de euros, que el anterior comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, ya había aplazado, con generosidad, para finales de diciembre. El Gobierno español dijo ayer que "está tranquilo porque el acuerdo respeta la normativa europea".
La nueva comisaria de Competencia, la holandesa Neelie Kroes, ha conocido el acuerdo suscrito por la SEPI y los sindicatos a través de la prensa, según hizo notar ayer su portavoz Jonathan Todd, que a renglón seguido enumeró todas las "inquietudes" que el acuerdo suscita. "La Comisión cree que el acuerdo no estará totalmente de conformidad con los compromisos adquiridos por el Gobierno español con Mario Monti", dijo Todd. "Inquieta particularmente que no haya fecha de cierre para los astilleros de San Fernando y Fene, que se mantenga la actividad militar en más astilleros de los esperados [precisamente San Fernando y Fene] y que las condiciones de la liquidación de algunas plantas, como la de Sestao, no estén muy claras".
Antes de hacer tales declaraciones públicas, Neelie Kroes ya había hablado ayer por la mañana con el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, sobre este acuerdo. El español, según Todd, se comprometió a hacer llegar cuanto a Bruselas el texto oficial del acuerdo tras el que podrán matizar su valoración. El acuerdo consta de elementos centrales: segregación de la actividad militar, privatización de la actividad civil y prejubilación de 4.100 trabajadores mayores de 52 años.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Bruselas se felicitó por el acuerdo y dijo que está dentro de la normativa europea. La vicepresidenta de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó tras el Consejo de Ministros que "el acuerdo entra en el margen de la legislación europea y que por ello el Gobierno está tranquilo". De la Vega recalcó que el Gobierno ha cumplido su compromiso de firmar un acuerdo con los sindicatos. No obstante, la vicepresidenta, añadió que el Gobierno aclarará las dudas que puedan surgir en Bruselas. En esta misma línea se pronunciaron fuentes del Ministerio de Economía. Por su parte, los sindicatos CC OO y UGT señalaron ayer que están convencidos de que Bruselas dará luz verde al acuerdo suscrito.
Como gestos de buena voluntad, la nueva reguladora europea aplazará aún más la notificación oficial a España de la obligación de Izar de devolver a las arcas estatales los 376 millones de euros correspondientes a una de las partidas de ayudas ilegales recibidas por los astilleros desde 1998. El 4 de octubre pasado, y tras una reunión de casi tres horas entre Mario Monti, la SEPI y los sindicatos, el comisario europeo ideó el artificio de tener que notificar oficialmente tal exigencia y lo aplazó para finales de este mes con el fin de dar tiempo, precisamente, a que empresa y sindicatos llegaran a un acuerdo aceptable.
Tal notificación queda de nuevo aplazada sin fecha. Tampoco este año habrá apertura de investigación de nuevas ayudas de Estado. Ha subsistido hasta ahora gracias a tres ayudas otorgadas por el Gobierno español entre 1998 y 2003, a pesar de las advertencias de Bruselas, que suman un total de 1.186 millones de euros que Izar tiene ahora que devolver a la SEPI. Todd ratificó ayer la voluntad de la Comisión de ser flexible especialmente en cuanto a ayudas sociales, pero añadió: "En los términos acordados".