El Gobierno catalán exigirá un plan social a las empresas que anuncien despidos colectivos

El Gobierno tripartito de Pasqual Maragall, al que desde que inició su andadura hace casi un año le ha tocado lidiar con un clima de crisis industrial que ha provocado varias deslocalizaciones con apellidos importantes (Samsung, Philips, Panasonic, Levi's), no se ha cansado de apelar a la responsabilidad social de las empresas, a medida que se le iban acumulando expedientes encima de la mesa.

En su cerco a la fuga de empresas, la Generalitat anunció en verano que obligaría a las compañías que reciban ayudas a devolverlas en el caso de que, en un plazo de siete años, cesen su actividad e...

El Gobierno tripartito de Pasqual Maragall, al que desde que inició su andadura hace casi un año le ha tocado lidiar con un clima de crisis industrial que ha provocado varias deslocalizaciones con apellidos importantes (Samsung, Philips, Panasonic, Levi's), no se ha cansado de apelar a la responsabilidad social de las empresas, a medida que se le iban acumulando expedientes encima de la mesa.

En su cerco a la fuga de empresas, la Generalitat anunció en verano que obligaría a las compañías que reciban ayudas a devolverlas en el caso de que, en un plazo de siete años, cesen su actividad en Cataluña. Ayer protagonizó un nuevo gesto: a partir de enero exigirá a todas las empresas de más de 50 trabajadores que presenten un expediente de regulación de empleo (ERE) a presentar un plan social con medidas para "evitar, reducir o paliar" las consecuencias de los despidos colectivos.

La medida anunciada ayer no se trata, a diferencia de la anterior, de una norma de nuevo cuño, sino de dar cumplimiento a algo que ya prevé el Estatuto de los Trabajadores y que responde al mandato que establece una directiva europea de 1998 sobre despidos colectivos. No obstante, Cataluña es la primera comunidad autónoma española que lo va a exigir, destacó ayer el consejero de Trabajo e Industria, Josep Maria Rañé.

Las resoluciones para aprobar o denegar un ERE que los técnicos del Gobierno catalán llevarán a cabo a partir del año que viene no se ceñirán exclusivamente a analizar la causa económica, productiva o técnica que alegue la empresa. También tendrán en cuenta el contenido del plan social y la proporcionalidad entre los despidos y las causas alegadas por la empresa. Dicho plan será un requisito imprescindible para que la autoridad laboral inicie la tramitación de un expediente. Si una empresa no lo presenta, tendrá un plazo de 10 días para aportarlo. En caso contrario, la Administración archivará el ERE.

"Que una empresa tenga problemas no implica que tenga carta blanca para hacer lo que le venga en gana", subrayó Rañé, quien insistió una vez más en que que "las obligaciones de una empresa no son sólo de contratación o de respetar el medio ambiente, sino también la de gestionar sus ajustes de plantilla".

Alternativas

Quedan fuera de este compromiso aquellas empresas que estén en suspensión de pagos, puesto que entonces el expediente depende del juez, y de los ERE que sean suspensiones temporales.

¿En qué debe consistir el plan social? En primer lugar, en acreditar un esfuerzo por buscar "alternativas" para la recolocación de los trabajadores afectados, ya sea en la misma compañía o, si se da el caso, en otras empresas del grupo. Si esto no es viable, la empresa deberá intentar, "a través de la negociación con los sindicatos", reducir el número de despidos a través de la "reorganización del trabajo o de nuevas fórmulas de retribución". Y, en el peor de los casos, paliar los efectos del ERE facilitando la recolocación o la prejubilación de los empleados, explicó Mar Serna, directora de Relaciones Laborales de la Generalitat.

Serna recordó que, atendiendo las nuevas exigencias, "algunos de los expedientes de este año no hubieran podido aprobarse", aunque reconoció que cuando el ERE obedece a un cierre y no a un ajuste de plantilla, "es más difícil".

Entre enero y octubre, se presentaron 366 expedientes en Cataluña, un 7,3% menos que en el mismo periodo de 2003, de los que la Generalitat autorizó 345, frente a los 375 de los diez primeros meses del ejercicio anterior. El número de trabajadores afectados ascendió a 7.430, un 24,5% menos que en idéntico periodo de 2003.