El Parlamento insta a Sanidad a crear un servicio de rehabilitación permanente para los discapacitados

El Parlamento aprobó ayer un informe reclamando al Departamento de Sanidad que ponga en marcha un servicio de rehabilitación permanente para personas discapacitadas. El funcionamiento de este servicio supondrá un paso cualitativo con respecto a las prestaciones que en la actualidad ofrecen las instituciones vascas a ese colectivo.

Ésta es una de las principales demandas de la ponencia parlamentaria que durante los dos últimos años ha analizado la situación de los discapacitados en la comunidad autónoma. El objetivo de este servicio es que las personas que sufren un daño físico irreparab...

El Parlamento aprobó ayer un informe reclamando al Departamento de Sanidad que ponga en marcha un servicio de rehabilitación permanente para personas discapacitadas. El funcionamiento de este servicio supondrá un paso cualitativo con respecto a las prestaciones que en la actualidad ofrecen las instituciones vascas a ese colectivo.

Ésta es una de las principales demandas de la ponencia parlamentaria que durante los dos últimos años ha analizado la situación de los discapacitados en la comunidad autónoma. El objetivo de este servicio es que las personas que sufren un daño físico irreparable puedan conservar a lo largo de su vida la mayor autonomía que sea posible. Para ello, la Cámara también solicita la creación de centros específicos que ayuden a las personas con minusvalías a valerse por sí mismos en la medida de lo posible

En un informe consensuado por todos los grupos, a excepción de Sozialista Abertzaleak,que no ha intervenido en los trabajos de la ponencia, el Parlamento plantea las líneas de actuación que deben guiar a las instituciones vascas en los próximos 15 años en el tratamiento de los discapacitados. Las propuestas del informe abarcan campos como el laboral, educación, sanidad, los servicios sociales, transporte y el lenguaje de signos.

La elaboración del mapa de servicios sociales del País Vasco, determinando las prioridades y garantizando los niveles mínimos de protección en los tres territorios es otra demanda significativa a las diputaciones, según destacó ayer Nekane Alzelai, presidenta de la ponencia. El cumplimiento de la Ley vasca de Accesibilidad y de la Ley de Integración Social de los Minusválidos, de carácter estatal, complementan las exigencias.

La mayoría de las empresas con más de 50 trabajadores incumple la obligación legal de reservar el 5% de sus puestos a trabajadores con minusvalías. Las administraciones no salen mejor paradas, pues también dejan sin cubrir el cupo legal del 3%.