Un nuevo tribunal juzgará en un mes a la cúpula de Sendero Luminoso

El líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y 17 de sus lugartenientes (dos de ellos en rebeldía) tienen desde ayer nuevos jueces. El flamante tribunal estará presidido por Pablo Talavera e integrado por dos ex magistradas anticorrupción, Jimena Cayo y Victoria Sánchez. Talavera es el titular de la Sala Nacional para Casos de Terrorismo. Las audiencias, iniciadas el día 5, se reanudarán en 30 días. La vista de ayer, la tercera, apenas duró 25 minutos, mientras que las dos primeras estuvieron marcadas por incidentes de que provocaron su suspensión.

La interrupción de ayer se produjo d...

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El líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y 17 de sus lugartenientes (dos de ellos en rebeldía) tienen desde ayer nuevos jueces. El flamante tribunal estará presidido por Pablo Talavera e integrado por dos ex magistradas anticorrupción, Jimena Cayo y Victoria Sánchez. Talavera es el titular de la Sala Nacional para Casos de Terrorismo. Las audiencias, iniciadas el día 5, se reanudarán en 30 días. La vista de ayer, la tercera, apenas duró 25 minutos, mientras que las dos primeras estuvieron marcadas por incidentes de que provocaron su suspensión.

La interrupción de ayer se produjo después de que el vocal José de Vinatea anunciara su decisión de alejarse del proceso por haber participado en otros juicios a terroristas. Con esta inhibición, sólo quedaba hábil uno de los tres jueces que integraban el tribunal, después de que el pasado viernes Carlos Manrique se apartara del caso. Manrique basó su decisión en que hace años expresó su opinión sobre Guzmán y su responsabilidad en el atentado contra una zona residencial en la capital peruana, conocido como el caso Tarata.

Paradójicamente, el más controvertido de los jueces, Daniel Terrel, a quien la prensa y los analistas locales reclamaban su alejamiento del caso, se mantuvo en sus trece. En la audiencia de ayer, en la Base Naval de El Callao, Terrel anunció que a él no le alcanzaba ninguna causa de abstención, pero que, de acuerdo a las normas peruanas, debía declarar el proceso "quebrado", tras el alejamiento de dos de los tres magistrados que integraban el tribunal.

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