La hora de la verdad
La transición a la democracia ofrendó en el País Valenciano varias víctimas en el altar de la política de lo posible. No es el momento para recriminar de nuevo a todos aquellos que no quisieron o no supieron resolver de manera cumplida algunos conflictos que hicieron saltar por los aires el capital social ilusionante que las recientes reivindicaciones democráticas y autonómicas hacían albergar, pero conviene recordar que en el proceso que había de llevar a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana se precipitaron negaciones, prohibiciones y limitaciones que...
La transición a la democracia ofrendó en el País Valenciano varias víctimas en el altar de la política de lo posible. No es el momento para recriminar de nuevo a todos aquellos que no quisieron o no supieron resolver de manera cumplida algunos conflictos que hicieron saltar por los aires el capital social ilusionante que las recientes reivindicaciones democráticas y autonómicas hacían albergar, pero conviene recordar que en el proceso que había de llevar a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana se precipitaron negaciones, prohibiciones y limitaciones que dejaron el hálito de lo catalán en Valencia en casi nada.
La CE prohibió la federación entre comunidades autónomas de modo que lo común entre catalanes y valencianos tuviese que pasar necesariamente por Madrid; la antigua senyera foral valenciana perdió la batalla ante la municipal de Valencia; el himno tomado prestado de una celebración religiosa de Algemesí -La Moixeranga-, cayó ante el empuje de L'Himne, al que se le amputó la letra para poder reinar; el nombre más apropiado para los deseos republicanos y nacionales del valencianismo, el de País Valencià, se enfrentó con el del antiguo Regne de València, y, como síntesis se optó por un insípido Comunitat Autònoma Valenciana, que no gustó a nadie; y para lo más clarividente de nuestras señas de identidad, la lengua propia de los valencianos, ni aún otorgándole al gentilicio tradicional el rango de denominación política -valenciano- se le pudo adosar su identidad compartida con la lengua propia de otros antiguos territorios de la Corona de Aragón, de donde procedía. Las señas de identidad fueron el precipitado de un pacto banal apresurado frente a las identidades esgrimidas por los que verdaderamente las sintieron: la senyera fue en azul, no por valenciana, sino para que la que se adoptase no fuera como la catalana; el himno ganador fue L'Himne porque la Moixeranga sonaba a música de pocos, y la otra sonaba hasta en la sopa; la lengua fue masculina -valencià- porque el femenino implicaba el todo, es decir, que llamarla valenciano era evitar llengua valenciana, que, eso sí, implicaba que además de propia de los valencianos era técnicamente singular, o sea, diferente de cualquier otra.
Durante dos décadas, el poder político jugó a los equívocos, a los sobreentendidos y malentendidos, mientras en la sociedad civil se abrían paso posiciones que demandaban ir más allá del necio desacuerdo que siempre acaba pagando la pobre lengua. Tres legislaturas de mayorías socialistas en las Cortes valencianas y cuatro en las españolas no fueron suficientes para resolver la cuenta pendiente que la clase política valenciana tenía con la ciencia y con la comunidad universitaria y filológica: no fue posible devolverle a la cultura la lengua secuestrada, o bien porque la derecha se cerraba en banda a salir de la cómoda posición del malentendido, o bien porque la izquierda gobernante temblaba de miedo cada vez que se acordaba del problema. El conflicto dio incluso para alimentar y premiar a partidos directamente implicados en el secesionismo más pobre y bestia que se haya conocido, pues mientras bramaban contra la unidad de la lengua no le mostraban la pertinente fidelidad a la que decían defender.
Cuando la derecha llegó al poder en la Comunidad Valenciana (1995), y, poco después, cuando también llegó en España, en aquella legislatura, o bien porque el PP le debía a UV el cumplimiento del pacto que había de apoderar a una institución surgida de la Generalitat con la competencia sobre la lengua, o bien porque la propia derecha encontró el momento propicio para protagonizar la restitución a la cultura del secuestro político de la identidad de la lengua; o, quizás, también, porque encontró predisposición al acuerdo en el PSPV-PSOE, en las universidades valencianas, e incluso, en actores exteriores como los gobiernos de Madrid y de Barcelona, el caso es que el entonces presidente de la Generalitat pudo pactar con el líder de la oposición socialista una institución que habría de representar de modo formal la devolución de la competencia de la política a la cultura.
A esos efectos, el Consell Valencià de Cultura (CVC) emitió un dictamen donde de manera implícita se reconocía la identidad del valenciano y del catalán, y, un tiempo después, el propio preámbulo de la ley que creó la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) recogía, de manera también implícita la unidad de la lengua. Los pasos dados abocaban a demorar un poco más en el tiempo el momento en que los depositarios de la competencia devuelta por la política pudieran proponer el modo en que aquellas declaraciones implícitas pudieran convertirse en elementos a aportar a un proceso de mayor entidad, que era y es el de construir/reconstruir la unidad de manera convergente a partir del trabajo de las diferentes instituciones apoderadas en Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana para dictar sobre la normativa de la lengua propia y común (a la vez) de los tres territorios (Andorra, los territorios catalanohablantes en Francia, Aragón e Italia, no tienen ente normativo propio). Pero esta segunda fase todavía quedaba lejos de las posibilidades legales y de oportunidad de cada una de las instituciones depositarias de la legitimidad para dictar normativas, pues, por una parte, los primeros contactos del IEC y de la AVL, son bastante recientes; y sólo de cierta intensidad los que de manera oficiosa se producen entre miembros individuales de éstas y de la UIB, mientras que son mucho menos evidentes las relaciones entre los dirigentes de las tres autonomías con responsabilidades políticas en materia de la lengua propia, y ni siquiera puede asegurarse que se hubiesen planteado una agenda común ante el horizonte a abordar.
En ese contexto, pues, irrumpe el tema de la reivindicación del gobierno catalán para que no sólo el texto de la Constitución Europea esté vigente en catalán (algo que excede a la mera traducción), sino para que el catalán sea una lengua reconocida en la UE como lo son las de los Estados miembros, y, a partir de ahí, se armó la marimorena del despropósito del tres por cuatro como alternativa al tres por tres. El hecho cierto es que el episodio supone un auténtico fiasco para la agenda lingüística valenciana, pues quizás con un par de años más, este problema ya se habría obviado, porque la AVL habría terminado algunos trabajos previos que le habían de llevar a plantearse esa segunda fase del Tractat d'Unió Lingüística (TUL) sin el cual puede que nunca salgamos de estos ridículos que ahora aireamos urbi et orbe; es decir, que con tiempo, la AVL, el IEC y la UIB, mediante el acuerdo previo o paralelo correspondiente de los tres gobiernos autónomos habrían podido iniciar ese foro que preparase el TUL, realizando el viejo sueño que hizo suyo Manuel Sanchis Guarner de reencuentro de todos los usuarios de la lengua común en un proceso de policentrismo convergente.
Los episodios vividos estos últimos días, más allá de urgir a la doble, triple o única denominación de la lengua común (que, en todo caso, también forma parte de lo que hay que resolver), o al empecinamiento en viejos pruritos de prepotencia o victimismo conminan a devolver de manera irreversible la competencia al mundo de la ciencia y de la cultura y a preparar para un futuro no muy lejano el TUL. Y para eso, todos los esfuerzos serán pocos, y todas las generosidades, bienvenidas.