La oposición ecuatoriana pide la destitución del presidente
Entre acusaciones mutuas de tratar de romper las reglas del juego democrático, los partidos políticos ecuatorianos están sumidos en una lucha sin cuartel en torno a la posible destitución del presidente Lucio Gutiérrez. La oposición coligada de socialcristianos, socialdemócratas, izquierdistas y movimientos indígenas presentó el miércoles una solicitud de juicio político en el Congreso contra Gutiérrez bajo los cargos de malversación de fondos públicos, cohecho y delitos contra la seguridad del Estado.
A consecuencia de la solicitud presentada por 51 parlamentarios, una comisión será cr...
Entre acusaciones mutuas de tratar de romper las reglas del juego democrático, los partidos políticos ecuatorianos están sumidos en una lucha sin cuartel en torno a la posible destitución del presidente Lucio Gutiérrez. La oposición coligada de socialcristianos, socialdemócratas, izquierdistas y movimientos indígenas presentó el miércoles una solicitud de juicio político en el Congreso contra Gutiérrez bajo los cargos de malversación de fondos públicos, cohecho y delitos contra la seguridad del Estado.
A consecuencia de la solicitud presentada por 51 parlamentarios, una comisión será creada la semana próxima para examinar los cargos y presentar en un plazo de cinco días un informe al Congreso, que deberá decidir sobre la posible apertura de un procedimiento de destitución. La oposición puede conseguir el número de votos que se requiere para abrir el procedimiento -que puede durar meses-, pero si se llega a la votación final en el Congreso es poco probable que alcance la mayoría absoluta de dos tercios necesaria para destituir al jefe del Estado.
El presidente ha prometido "luchar a muerte" en defensa de su cargo y de su reputación, y devolvió a sus adversarios graves acusaciones e identificó como "cerebro de la conspiración" al ex presidente socialcristiano León Febres Cordero. Según Gutiérrez, la familia y el entorno político de Febres Cordero, presidente de Ecuador ente 1984 y 1988, desataron este ataque porque el Gobierno ha comenzado a cobrar las millonarias deudas que tienen con Hacienda.
Aunque el juicio de destitución tiene pocas posibilidades de prosperar, el proceso amenaza con desestabilizar política y económicamente al país.