Las educadoras de Vitoria desconvocan la huelga que iniciaron el 1 de septiembre

Las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales de Vitoria pusieron fin ayer a la huelga que comenzaron el pasado 1 de septiembre y que ha dejado sin servicio durante este tiempo a los 1.500 niños menores de tres años que utilizan estos centros. El final del paro supone un alivio para las familias de los pequeños, pero también concede un balón de oxígeno al PP, partido que gobierna en minoría el Ayuntamiento. Toda la oposición había dado la espalda al PP por su manera de gestionar la crisis, iniciada en el mes de julio con la firma por el alcalde, Alfonso Alonso, de un decreto que reo...

Las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales de Vitoria pusieron fin ayer a la huelga que comenzaron el pasado 1 de septiembre y que ha dejado sin servicio durante este tiempo a los 1.500 niños menores de tres años que utilizan estos centros. El final del paro supone un alivio para las familias de los pequeños, pero también concede un balón de oxígeno al PP, partido que gobierna en minoría el Ayuntamiento. Toda la oposición había dado la espalda al PP por su manera de gestionar la crisis, iniciada en el mes de julio con la firma por el alcalde, Alfonso Alonso, de un decreto que reorganiza el servicio.

A finales de la semana pasada ya se rozó el acuerdo, pero fue ayer cuando la asamblea de trabajadoras (más del 90% de los empleados de las escuelas son mujeres) aceptó con cerca del 70% de votos a favor la última propuesta del Ayuntamiento. Aunque las educadoras se incorporarán desde hoy a sus puestos de trabajo, los niños no podrán acceder de una manera efectiva a las aulas hasta dentro de unos días, cuando todo el profesorado esté organizado.El arreglo alcanzado entre el Ayuntamiento y las educadoras sólo tiene vigencia para el actual curso 2004-2005. A partir de ahora, el equipo de gobierno, los sindicatos, partidos y familias dedicarán lo que queda de curso a dibujar el futuro modelo para las escuelas infantiles municipales de Vitoria. El presidente del comité, Ramón Uriarte, de ELA, solicitó al Consejo de Relaciones Laborales (CRL) su mediación para que el diseño que salga esté sustentado en la legalidad y no pueda ser cuestionado "a la mínima".

Los principales puntos sobre los que se sustenta el acuerdo de ayer son dos. Por una parte, las educadoras tendrán que trabajar 1.592 horas anuales, las mismas que el resto de funcionarios del Ayuntamiento, tal y como exigía el equipo de gobierno, frente a las 1.420 que tenían hasta ahora. Sin embargo, las educadoras repartirán esas 1.592 horas en 182 días lectivos, los mismos que el curso pasado. Para lograr el encaje deberán trabajar media hora más al día con los niños, con lo que llegarán a las cinco horas y media, frente a las cinco horas que hacían hasta ahora.

El segundo punto del acuerdo se refiere a la diferenciación en dos categorías de las trabajadoras de las escuelas: diplomadas en Magisterio y Técnicos en Jardín de Infancia (un título de Formación Profesional). Esta diferenciación sólo es una cuestión formal, ya que ambos grupos cobrarán el mismo sueldo y desempeñarán las mismas funciones. Se mantendrá la pareja educativa en el aula, es decir, dos educadoras (que pueden ser una diplomada y un técnico) se encargarán de cada aula. La única diferencia entre diplomadas y técnicos es que la dirección de las guarderías siempre recaerá en las primeras.

Crisis del modelo

El Ayuntamiento también se ha comprometido a contratar a las trabajadoras que hayan quedado excluidas de la bolsa de trabajo que se confeccionó en el mes de agosto y que podrían ser alrededor de 40. Fernando Ugarte, representante de Comisiones Obreras en el comité de empresa del Ayuntamiento, señaló que se trata de "un buen acuerdo" y que las dos partes han tenido que hacer concesiones para cerrarlo.

El modelo de las escuelas infantiles de Vitoria entró en crisis cuando el alcalde firmó un decreto el 27 de julio para reajustar el servicio y dotarle de un carácter más asistencial que educativo, lo que supuso el despido de 130 trabajadoras interinas, maestras en su mayoría.

Este decreto fue la respuesta a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que obligaba al Ayuntamiento a remunerar a las diplomadas de acuerdo a su categoría profesional. La generalización del fallo judicial a todo el colectivo hubiera supuesto un desembolso de entre tres y cuatro millones de euros adicionales al año. Ante esa eventualidad, el alcalde remodeló el servicio y dio prioridad a la contratación de técnicos antes que a maestras.