El decreto de admisión mejora el reparto de alumnos inmigrantes entre pública y privada
El decreto de admisión de alumnos, aprobado el pasado mes de abril y en funcionamiento desde el inicio del curso 2004-05, corrige y mejora la distribución de alumnado de procedencia inmigrante entre la red pública y la privada concertada. Éste es el veredicto de la Asociación de Inspectores de Enseñanza de Cataluña (AIEC), que representa a 150 de los 200 inspectores de educación catalanes. Aunque no aportó datos específicos, la valoración de la AIEC es importante, ya que agrupa a los profesionales que visitan, analizan y supervisan la aplicación de la legalidad vigente en todas las escuelas pú...
El decreto de admisión de alumnos, aprobado el pasado mes de abril y en funcionamiento desde el inicio del curso 2004-05, corrige y mejora la distribución de alumnado de procedencia inmigrante entre la red pública y la privada concertada. Éste es el veredicto de la Asociación de Inspectores de Enseñanza de Cataluña (AIEC), que representa a 150 de los 200 inspectores de educación catalanes. Aunque no aportó datos específicos, la valoración de la AIEC es importante, ya que agrupa a los profesionales que visitan, analizan y supervisan la aplicación de la legalidad vigente en todas las escuelas públicas y concertadas.
Según Ángel Díez, presidente de la asociación, el decreto "supone un avance" para que el proceso de escolarización se haga "en condiciones de equidad y de equilibrio de desigualdades". El principal objetivo del decreto es aportar transparencia e información a los procesos de matriculación y evitar la selección de alumnos.
No obstante, la AIEC -que celebrará su segundo congreso en Martorell esta semana- advirtió de que la normativa no es "una panacea" y que para mejorar la redistribución en la red concertada deben aumentarse las ayudas a estos centros. Díez reconoció que la escolarización de estudiantes de procedencia extranjera "comporta muchas horas" a los inspectores, ya que, entre otras cuestiones, éstos presiden las comisiones de matriculación que funcionan a lo largo del año
.Díez recordó ayer que en 2001 el Parlamento ordenó al entonces Departamento de Enseñanza, bajo el mandato de Convergència i Unió (CiU), a elaborar un informe sobre el cumplimiento de la legalidad en las escuelas privadas que recibían conciertos. El análisis reveló que de las 739 escuelas privadas concertadas que en ese momento había en Cataluña, 435 emitían "recibos y percibían cantidades por conceptos que podrían suponer una presunta irregularidad". A partir entonces, según la AIEC, "fueron aumentando el número de comisiones de conciliación y de expedientes" a algunas escuelas concertadas, reconocieron.
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