Bruselas prepara un procedimiento de infracción por unos créditos fiscales
La Comisión Europea tramita estos días un procedimiento de infracción contra España por otro paquete de ayudas ilegales a los astilleros Izar, al margen de los 376 reclamados en mayo pasado y de los 660 (entre 500 y 1.000, dice Bruselas) que serán denunciados en las próximas semanas. Ese procedimiento de infracción, que será analizado por el colegio de comisarios este mismo mes, se refiere a unos créditos fiscales por valor de 111 millones de euros (más 39 millones de intereses) que Izar no ha devuelto al Gobierno a pesar de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegales ...
La Comisión Europea tramita estos días un procedimiento de infracción contra España por otro paquete de ayudas ilegales a los astilleros Izar, al margen de los 376 reclamados en mayo pasado y de los 660 (entre 500 y 1.000, dice Bruselas) que serán denunciados en las próximas semanas. Ese procedimiento de infracción, que será analizado por el colegio de comisarios este mismo mes, se refiere a unos créditos fiscales por valor de 111 millones de euros (más 39 millones de intereses) que Izar no ha devuelto al Gobierno a pesar de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegales esas ayudas en marzo de 2002.
En agosto de 1997, el Ejecutivo comunitario dio su visto bueno a un paquete de ayudas a la reestructuración de los astilleros públicos españoles consistente en unos créditos fiscales especiales por un importe máximo de 58.000 millones de pesetas. Ese mismo año, los astilleros, que habían sido parte del Instituto Nacional de Industria y luego de la Agencia Industrial del Estado, se integraron en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
A raíz de este último cambio, los astilleros recibieron en 1998 un crédito fiscal correspondiente a sus pérdidas de 1997 y un crédito especial de 18.451 millones de pesetas (111 millones de euros). Fue este último crédito el que la Comisión consideró ilegal y exigió que Izar lo devolviera al Gobierno. Al no hacerlo, Bruselas remitió el caso al Tribunal de la UE en julio de 2000, y España, a su vez, recurrió también a los tribunales contra la decisión de Bruselas de declarar ilegal ese crédito.
En su posterior sentencia de marzo de 2002, el Tribunal de Luxemburgo dio la razón a la Comisión. Sin embargo, y como ha ocurrido en otros casos similares, Izar no ha devuelto aún esos créditos y, por eso, los servicios técnicos de la Comisión han puesto ya en marcha el consiguiente procedimiento de infracción.
Margen de pago
De otra parte, tanto la Comisión como el Gobierno español, según fuentes de ambas partes, aseguran que las negociaciones para fijar un calendario para la devolución de los 308 millones exigidos desde mayo "se desarrollan en muy buen ambiente", y consideran que, en todo caso, Izar dispondrá de un margen de "varios años" para devolver al Gobierno español esas ayudas ilegales.
Antes del 1 de noviembre, no obstante, la Comisión también tendrá que fijar cuál es el monto de otro gran paquete de ayudas, el de 660 millones. Y en total, entre los tres expedientes, suman un total de 1.186 millones de euros.