Alemania reclama 4.600 millones a la empresa que retrasó su nuevo sistema de peaje

La administración federal alemana reclamará al consorcio Toll Collect una indemnización de 3.560 millones de euros por los sucesivos retrasos en la implantación de un peaje para camiones pesados, que supuso grandes pérdidas a los presupuestos estatales, según informó ayer el Ministerio de Transportes.

Además, pedirá al consorcio una multa de unos 1.000 millones de euros por incumplimiento de contrato, sobre la que deberá decidir un comité de arbitraje compuesto por representantes de ambas partes.

El ministro de Transportes, Manfred Stolpe, ya anunció el pasado 1 de julio que soli...

La administración federal alemana reclamará al consorcio Toll Collect una indemnización de 3.560 millones de euros por los sucesivos retrasos en la implantación de un peaje para camiones pesados, que supuso grandes pérdidas a los presupuestos estatales, según informó ayer el Ministerio de Transportes.

Además, pedirá al consorcio una multa de unos 1.000 millones de euros por incumplimiento de contrato, sobre la que deberá decidir un comité de arbitraje compuesto por representantes de ambas partes.

El ministro de Transportes, Manfred Stolpe, ya anunció el pasado 1 de julio que solicitaría la indemnización a la empresa, que entonces cifró en una cantidad ligeramente superior.

Toll Collect es un consorcio formado por Deutsche Telekom, DaimlerChrysler y Cofiroute que decidió seguir en el proyecto del peaje después de comprometerse a que el sistema, que se prometía revolucionario y único en el mundo por su control por satélite, empiece a funcionar el día 1 de enero del próximo año.

Originalmente, el peaje tenía que empezar a cobrarse el 31 de agosto de 2003, pero los fallos técnicos de Toll Collect lo impidieron, lo que contribuyó a agrandar el agujero presupuestario de las arcas públicas alemanas.

El consorcio rechazó ayer a través de una declaración las reclamaciones anunciadas por el Ministerio de Transportes y las calificó de "injustificadas", ya que el Estado alemán conocía al firmar el contrato los riesgos que entrañaba su desarrollo.