La Audiencia juzga a una banda acusada de estafar a 'sin papeles'
La Audiencia de Barcelona juzgará el próximo miércoles a cuatro presuntos integrantes de una banda de estafadores que vendía permisos de trabajo y residencia falsos a inmigrantes en situación irregular.
La Sección Octava de la Audiencia de Barcelona juzgará a Eduardo A. B. y Azucena I. C., de nacionalidad española, y a El Yachi E. H. y Mohamed H., de nacionalidad marroquí, por un delito de falsedad documental y un delito continuado de estafa.
Según el ministerio público, los acusados engañaban a personas sin papeles ofreciéndoles la regularización de su situación en España a camb...
La Audiencia de Barcelona juzgará el próximo miércoles a cuatro presuntos integrantes de una banda de estafadores que vendía permisos de trabajo y residencia falsos a inmigrantes en situación irregular.
La Sección Octava de la Audiencia de Barcelona juzgará a Eduardo A. B. y Azucena I. C., de nacionalidad española, y a El Yachi E. H. y Mohamed H., de nacionalidad marroquí, por un delito de falsedad documental y un delito continuado de estafa.
Según el ministerio público, los acusados engañaban a personas sin papeles ofreciéndoles la regularización de su situación en España a cambio de dinero. Los procesados cobraban entre 360 y 720 euros por ofertas de trabajo que resultaron ser falsas e invalidaban las solicitudes.
La Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales descubrió en julio de 1995 una serie de irregularidades en las tramitaciones de solicitudes de permisos de trabajo y residencia para extranjeros, ya que entraron unos 77 expedientes de migración laboral donde constaba como empleadora la empresa Azucena Iglesias Caballé. Instalaciones, que demandaba permisos para trabajadores extranjeros mediante el sistema de cupos del año 1994.
Para conseguir los permisos de trabajo mediante los cupos es condición indispensable presentar un contrato de trabajo o compromiso formal y por escrito del empresario que vaya a contratar al extranjero. Según el fiscal, los acusados se aprovecharon de este mecanismo legal para engañar a inmigrantes en situación irregular. Los acusados se dedicaban a "captar compatriotas en situación irregular y les ofrecían, previo pago de dinero, la posibilidad de regularizar su residencia en nuestro país".
Eduardo A. B. actuaba como "gestor administrativo" y Azucena I. C. aparecía como empleadora de los extranjeros, según el relato del ministerio fiscal. Ambos se encargaban de cumplimentar y presentar ante la Dirección Provincial de Trabajo los contratos para extranjeros, en los que los datos sobre el trabajo ofrecido eran falsos.