La calidad de vida, una prioridad en la política de drogas

La Junta de Andalucía tiene una larga trayectoria en política de drogas. Desde el primer Plan Andaluz sobre Drogas se ha desarrollado una actuación integral poniendo en marcha estrategias de prevención, desarrollando programas de atención para las personas con problemas de consumo y facilitando la incorporación social del drogodependiente.

Tras la epidemia de la heroína a finales de los años 70 y principios de los 80, en la que los programas libres de drogas eran la única opción, se ha evolucionado hacia posiciones más realistas.

En los últimos años ha tomado fuerza el reconocimi...

La Junta de Andalucía tiene una larga trayectoria en política de drogas. Desde el primer Plan Andaluz sobre Drogas se ha desarrollado una actuación integral poniendo en marcha estrategias de prevención, desarrollando programas de atención para las personas con problemas de consumo y facilitando la incorporación social del drogodependiente.

Tras la epidemia de la heroína a finales de los años 70 y principios de los 80, en la que los programas libres de drogas eran la única opción, se ha evolucionado hacia posiciones más realistas.

En los últimos años ha tomado fuerza el reconocimiento que la abstinencia no es un objetivo a corto plazo para la mayoría de los heroinómanos y que la aplicación de otros tratamientos con drogas sustitutivas están contribuyendo de forma muy positiva en la reducción de daños y en el proceso de incorporación social de los adictos.

Desde que en Andalucía se adoptaran las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, poniendo en marcha las políticas de tratamiento con metadona y las estrategias de la reducción del daño, se ha contribuido considerablemente a mejorar la calidad de vida de las personas que no estaban dispuestas a someterse a tratamientos que tenían como primer objetivo la abstinencia.

Esta forma de entender la atención a las drogodependencias quiere ser consecuente con el derecho a la libertad de cada persona ante su relación con las drogas y nuestra responsabilidad como responsables públicos de garantizar la asistencia sociosanitaria.

Entre los resultados más destacables desde la aplicación de esta apuesta, se pueden citar una disminución de la tasa del Sida entre consumidores de heroína, un notable cambio en la vía de administración (de la inyectada a la inhalada), una mayor retención en el sistema público sanitario y social y, en definitiva, una mejora en la calidad de vida desde un punto de vista integral.

A pesar de estos avances, es necesario reconocer que después de ampliar la oferta de tratamientos persiste en el tiempo una población gravemente afectada a la que hay que dar una alternativa basada en la evidencia científica, huyendo de valoraciones moralistas y retrogradas.

El Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía (PEPSA) se creó con el objetivo de ser esa respuesta a esa población que no había obtenido resultados favorables con otros programas asistenciales y que sufría un serio deterioro físico, psíquico y un alto grado de exclusión social. Estamos hablando de personas con un largo historial de consumo, con graves problemas sanitarios y causas pendientes con la justicia.

Hemos tenido que esperar siete largos años para salvar los obstáculos políticos que el Gobierno del PP desde una postura conservadora y moralista, intentó retrasar el máximo tiempo posible la autorización de la puesta en marcha de esta experiencia. Con este retraso, lamentablemente, mucha gente se quedó en el camino.

Hoy, con los primeros resultados y aunque no podemos ofrecer datos definitivos, tenemos que sentirnos satisfechos. A los tres meses del inicio, se observa que el porcentaje de los pacientes que están en tratamiento con heroína es superior al de los que están en tratamiento con metadona en todas las áreas. Así, el grupo tratado con heroína con relación al tratado con metadona mejora su salud física más de 4 veces, la salud mental casi el doble, el riesgo de contagiarse de VIH es casi 4 veces menor y la actividad delictiva se reduce más del doble.

Las personas que han tenido oportunidad de participar en esta experiencia han mejorado notablemente su calidad de vida, están resolviendo las cuestiones pendientes con la justicia y, lo más importante, están iniciando un proceso que le da mayores oportunidades en su incorporación social.

Con el desarrollo del PEPSA no sólo estamos contribuyendo en la investigación sobre nuevos tratamientos estamos, sobre todo, ofreciendo una alternativa a los que pensaban que ya no existían recursos para ellos y que no confiaban en mejorar sus condiciones de vida.

Estoy convencida que después de estos resultados el Proyecto de Heroína será en breve una oferta más en el marco de los tratamientos para heroinómanos y heroinómanas. De esta manera, Andalucía abre las puertas a nuevas posibilidades encaminadas a la promoción de la igualdad de oportunidades y a favorecer la calidad de vida de las personas más excluidas.

Hacer política para los que menos tienen es hacer política progresista y solidaria.

Micaela Navarro Garzón es consejera de Igualdad y Bienestar Social.