La Generalitat reivindica 97 competencias en paralelo a la aprobación del Estatuto

El Gobierno catalán cifró ayer en 97 las competencias que reclama al Estado, 30 de las cuales deberían traspasarse aplicando el artículo 150.2 de la Constitución (gestión sin titularidad). La cifra supone incrementar en nueve el listado de competencias elaborado por CiU ya que el tripartito ha añadido, entre otras, la gestión de los permisos de trabajo de inmigrantes, el registro de entidades religiosas o la concesión de los permisos de conducir. El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, avisó de que la negociación de estos traspasos debe ser paralela a la aprobación del nuevo Es...

El Gobierno catalán cifró ayer en 97 las competencias que reclama al Estado, 30 de las cuales deberían traspasarse aplicando el artículo 150.2 de la Constitución (gestión sin titularidad). La cifra supone incrementar en nueve el listado de competencias elaborado por CiU ya que el tripartito ha añadido, entre otras, la gestión de los permisos de trabajo de inmigrantes, el registro de entidades religiosas o la concesión de los permisos de conducir. El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, avisó de que la negociación de estos traspasos debe ser paralela a la aprobación del nuevo Estatuto.

El Gobierno que preside Pasqual Maragall no se ha impuesto un calendario para hacerse con estas competencias, pero ayer el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, advirtió de que el tripartito no va a esperar a la aprobación del nuevo Estatuto para "solucionar" este asunto. Saura comentó que el deseo del Ejecutivo es negociar paralelamente el Estatuto y el aumento del techo competencial de la Generalitat.

Pero el tripartito, o al menos así lo expresó ayer el consejero, cuenta con la buena predisposición del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que ha "roto la dinámica tan negativa y de rechazo", manifestó, de los anteriores ejecutivos del Partido Popular. En principio, Saura prevé que antes del periodo estival se reúna la comisión mixta de traspasos Estado-Generalitat para aprobar la transferencia de las competencias más urgentes y se designen a los miembros bilaterales que deben negociar las restantes. El consejero así se lo transmitió al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, la pasada semana en el Senado.

La cifra de 97 no corresponde, en ningún caso, a las transferencias que la Generalitat tiene reconocidas en el actual Estatuto, sino que incluyen la totalidad de servicios que aspira a gestionar el Gobierno catalán.

El anterior Ejecutivo de Convergència i Unió redujo estas competencias a 88, pero el tripartito ha añadido otras nueve: la gestión de los permisos de trabajo de inmigrantes; el registro de entidades religiosas; los permisos de conducir y licencias de circulación; las subvenciones en materia de vivienda, cultura y parques nacionales; la autorización de laboratorios farmacéuticos; los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional y los títulos de gestores administrativos.

Saura incluyó entre las competencias de inmigración la gestión de los permisos de trabajo, la contratación en origen de los inmigrantes y la fijación anual del cupo. Y advirtió al Gobierno central de que la Generalitat considera "prioritarias" esas competencias aunque ello requiera la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución. Este artículo prevé el traspaso a las autonomías de la gestión -no la titularidad- de competencias reservadas en principio al Estado. En el caso de Cataluña sólo se ha aplicado al asumir los Mossos d'Esquadra las competencias plenas en materia de tráfico, que antes tenía la Guardia Civil.

Competencias reconocidas

Además de la inmigración, el Gobierno de Maragall quiere asumir cuanto antes otras siete competencias que le han sido reconocidas mediante sentencias del Tribunal Constitucional y que, según Saura, el PP se negó a aplicar. En este apartado figuran la autorización e inspección de las entidades gestoras de derechos de propiedad intelectual; la supervisión y régimen disciplinario de los bancos y establecimientos financieros; los medios personales y materiales correspondientes a las competencias de servicios referentes al mercado de valores; defensa de la competencia; salvamento marítimo; mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e inscripción, afiliación y altas y bajas de la Seguridad Social.

Del total de 97 competencias, siete ya están reconocidas por el Tribunal Constitucional; otras 24 figuran en el actual Estatuto; 28 requieren la modificación de la legislación estatal y 30 obligan a aplicar el artículo 150.2 de la Constitución. Las restantes ocho piden la gestión de subvenciones que figuran en los Presupuestos Generales del Estado respecto a materias exclusivas de la Generalitat como cultura, vivienda o parques naturales.

Saura admitió ayer que el Gobierno catalán tendrá más dificultades para conseguir las competencias que requieren la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución, pero que el tripartito pondrá todo su empeño en el proceso negociador. En este apartado se incluye, por ejemplo, la gestión de la Agencia Tributaria; el traspaso del catastro; el Instituto Nacional de Estadística; las cuencas hidrográficas; la gestión del Fondo de Garantía Salarial; los servicios de vigilancia privada; la Universidad Nacional a Distancia; la mayoría de competencias referidas a comunicaciones y radiodifusión y las líneas de transporte de energía eléctrica.

Para acelerar el proceso negociador, el Gobierno catalán ha evitado incluir en el listado alguna demanda que obligue a tocar una coma de la Constitución y ha limitado sus reclamaciones a pedir el traspaso de la gestión competencial, no de la titularidad expresa. Este extremo podría quedar reflejado en el futuro Estatuto.