Columna

Cuando despertó, el dinosaurio seguía allí

"Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí". El cuento más corto del mundo, que escribió Augusto Monterroso, sirve para establecer analogías con las pesadillas que sufren algunos protagonistas de la vida pública. Muchos dirigentes del PP -lo dice alguno de ellos- todavía despiertan cada mañana pensando que el 14-M no existió, La Moncloa sigue con su pasado inquilino y Rodrigo Rato continúa dirigiendo la economía española.

La pesadilla de Pedro Solbes, vicepresidente económico del Gobierno de Zapatero, es un interrogante de díficil solución: cómo cumplir con las promesas elector...

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"Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí". El cuento más corto del mundo, que escribió Augusto Monterroso, sirve para establecer analogías con las pesadillas que sufren algunos protagonistas de la vida pública. Muchos dirigentes del PP -lo dice alguno de ellos- todavía despiertan cada mañana pensando que el 14-M no existió, La Moncloa sigue con su pasado inquilino y Rodrigo Rato continúa dirigiendo la economía española.

La pesadilla de Pedro Solbes, vicepresidente económico del Gobierno de Zapatero, es un interrogante de díficil solución: cómo cumplir con las promesas electorales (pensiones mínimas, salario mínimo, becas, viviendas, inversión en investigación y desarrollo...) manteniendo el marco de equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo y sin superar un gasto público por encima del 40% del PIB español. Lo que se dice, se hace.

La semana pasada, en su primera comparecencia parlamentaria como vicepresidente, Solbes confirmó su esquema de actuación: la disciplina presupuestaria como mejor forma de asegurar que el gasto social y la inversión públicas sean sostenibles; garantías de rigor en materia de gasto público; revisión del conjunto del gasto del Estado para racionalizarlo y hacerlo más productivo (esta revisión permitiría controlar el crecimiento de partidas no prioritarias y reducir el gasto de los programas susceptibles de redefinición, liberando así recursos); una mejora en la gestión tributaria y de la lucha contra el fraude fiscal, etcétera.

Y todo ello con el objeto de variar el modelo de crecimiento de la economía española y acelerar su productividad, verdadera enfermedad de la misma. Recordemos las palabras del presidente de Gobierno en su comparecencia en el Colegio de Economistas de Madrid, antes de las elecciones: la productividad crece hoy sólo al 0,5%, frente al 1,7% de promedio en los 15 años anteriores a la llegada del PP al Gobierno. Se ha desaprovechado la estabilidad del tipo de cambio y la fuerte caída de los tipos de interés: si la economía española hubiera mantenido el ritmo de crecimiento de la productividad de las dos décadas anteriores, la sociedad española disfrutaría hoy de unos niveles de renta per cápita superiores al 95% de la media europea, 10 puntos por encima de la renta actual. En términos absolutos, la pérdida de la renta nacional acumulada por el débil crecimiento de la productividad durante los años del PP equivale al 8% del PIB español o, si se quiere, al PIB de la Comunidad Valenciana.

El problema es que Solbes no concretó cómo se va a conseguir ese aumento de la productividad que significaría una mayor eficiencia del capital humano y tecnológico español. De modo paralelo a la intervención parlamentaria, el presidente Zapatero iniciaba los contactos con los agentes sociales para conseguir un gran pacto por la competitividad y el empleo estables. En estos momentos, y pese a unas tasas de crecimiento por encima de los países de nuestro entorno, el 50% de la población laboral española está en un grado u otro de precariedad laboral: 12% de tasa de desempleo, 30% de trabajo temporal y más de un 8% de trabajo parcial o discontinuo. Al mismo tiempo, ZP ha prometido incrementar un 30% cada año las inversiones en I+D+i, durante la legislatura.

Solbes y su equipo -poco sospechoso de veleidades con la estabilidad presupuestaria- han comenzado a rebajar solemnidad al déficit cero en momentos bajos del ciclo económico. Esta vez, con el cambio de Gobierno ha regido la urbanidad: ni déficit ocultos, ni auditorías de infarto (sólo Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, ha anunciado una auditoría sobre la labor del equipo anterior), ni inventados regalos fiscales a los amiguetes del régimen. El vicepresidente ha anunciado cambios en la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el objeto de flexibilizarla, en coherencia con lo que pretendió hacer en su etapa de comisario en Europa con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

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