El Gobierno de CiU dejó comprometidas obras por 7.600 millones hasta 2041

El Gobierno catalán de CiU encargó infraestructuras por valor de 7.600 millones de euros, con compromisos que se extienden hasta el año 2041. Este montante se añade a los 17.364 millones de deuda total que la Generalitat de Pasqual Maragall ha heredado del último Ejecutivo de Jordi Pujol.

Aunque el pago aplazado de infraestructuras es una de las fórmulas permitidas legalmente para afrontar el elevado coste de grandes obras públicas, las inversiones comprometidas hipotecan más si cabe la gestión de futuros gobiernos.

En 2004, la Generalitat catalana destinará 568 mil...

El Gobierno catalán de CiU encargó infraestructuras por valor de 7.600 millones de euros, con compromisos que se extienden hasta el año 2041. Este montante se añade a los 17.364 millones de deuda total que la Generalitat de Pasqual Maragall ha heredado del último Ejecutivo de Jordi Pujol.

Aunque el pago aplazado de infraestructuras es una de las fórmulas permitidas legalmente para afrontar el elevado coste de grandes obras públicas, las inversiones comprometidas hipotecan más si cabe la gestión de futuros gobiernos.

En 2004, la Generalitat catalana destinará 568 millones de euros a la financiación de infraestructuras, pero el pago de los 7.600 millones está previsto que se extienda hasta el año 2041.

El informe económico-financiero de la Generalitat, presentado el lunes en el Parlament, contabiliza también -aparte del déficit y de la deuda viva de las cuentas catalanas en 2003- aquellos compromisos derivados de la financiación de grandes infraestructuras a través del pago aplazado. Es lo que popularmente se conoce como método alemán.

Cuando una Administración adopta esta forma de pago, no abona las obras -no aparecen, por tanto, en el presupuesto como pago- hasta que éstas finalizan y son entregadas llave en mano, con lo que las empresas constructoras y el resto de las subcontratistas se ven obligadas a financiarse para poder llevarlas a cabo.

Empezó a usarse en Cataluña de forma excepcional en 2000 para la construcción de la línea 9 del metro de Barcelona. El entonces consejero de Economía, Artur Mas, argumentó que el elevado coste de las obras y su complejidad hacían aconsejable diferir pagos a ejercicios futuros.

Ciudad de la Justicia

La línea 9 es justamente la principal losa de las cuentas del Gobierno tripartito, con un coste estimado de 3.606 millones de euros. Pero no es la única. Según desgrana la macroauditoría de la Generalitat, las otras grandes obras comprometidas al margen del presupuesto son la Ciudad de la Justicia, financiada bajo el régimen de concesión y cuyo montante asciende a 1.328 millones de euros; el canal Segarra-Garrigues (concesión), por importe de 951 millones, y el desdoblamiento del Eje del Llobregat entre Puig-reig y Berga (951 millones de euros), financiado por el método de peaje en la sombra.

Este método, utilizado también para la construcción de la M-45 en Madrid, consiste en que las empresas concesionarias realizan el desembolso para la construcción, conservación y gestión de la carretera, y a cambio reciben una concesión por varios años, periodo durante el cual la Administración abona un canon por peaje por cada vehículo que utilice la vía.

Las distintas recetas usadas por el anterior Gobierno de CiU para maquillar -de forma legal- las cuentas, y especialmente el método alemán, fueron criticados por el actual consejero de Economía, el socialista Antoni Castells, cuando el PSC estaba en la oposición, no por no compartir su lógica económica, sino porque "las obligaciones futuras no aparecen en las cuentas".

El jefe de la oposición en Cataluña, Artur Mas, afirmó ayer que el anterior Ejecutivo de CiU "hacía maravillas" para superar el problema del endeudamiento. "Todo esto suena a que, como son incapaces de hacer las cosas que deben hacer, echan la culpa al anterior Gobierno de CiU", dijo. Por su parte, el ex presidente Jordi Pujol advirtió a políticos y medios de comunicación de que "vayan con cuidado" a la hora de "criticar el endeudamiento", ya que así "sólo conseguirán perjudicar al país y al propio Gobierno" catalán.