El fracaso previsible de un proyecto emblemático
La decisión adoptada ayer por el consejo de administración de Terra Mítica, el parque temático de Benidorm que iba a revolucionar el sector turístico de la Comunidad Valenciana, impulsar su desarrollo hasta cotas insospechadas y, al tiempo, convertirse en un referente mundial del sector del ocio por su carácter innovador, supone un duro final a la iniciativa más emblemática de la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la presidencia de la Generalitat valenciana. Aunque la decisión esté sujeta a la aprobación de la junta general de accionistas, la cuantía del endeudamiento acumulado y la escasez...
La decisión adoptada ayer por el consejo de administración de Terra Mítica, el parque temático de Benidorm que iba a revolucionar el sector turístico de la Comunidad Valenciana, impulsar su desarrollo hasta cotas insospechadas y, al tiempo, convertirse en un referente mundial del sector del ocio por su carácter innovador, supone un duro final a la iniciativa más emblemática de la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la presidencia de la Generalitat valenciana. Aunque la decisión esté sujeta a la aprobación de la junta general de accionistas, la cuantía del endeudamiento acumulado y la escasez de ingresos ante una demanda muy inferior a la prevista, según se ha venido informando estos días, hacen muy improbable una vuelta atrás. Sobre todo, tras el fracaso de las negociaciones con una veintena de entidades financieras acerca de cómo abordar su imposibilidad de hacer frente al pago del plazo del crédito sindicado vencido el pasado diciembre.
No es, en modo alguno, una buena noticia. Que una iniciativa que podría haber servido para complementar la oferta turística de una comunidad puntera en este terreno pase a estar bajo control judicial ante la gravedad de su desequilibrio financiero es lamentable. Pero, al mismo tiempo, no es posible ignorar que la trayectoria de la sociedad, desde el mismo momento en que se proyectó, y mucho más cuando se acabaron las obras con un sobrecoste reconocido superior al 25%, auguraba la situación a la que ahora se ha llegado.
Porque el desprecio a las leyes que dominan el funcionamiento de los mercados, de las que, como hace falta recordar, derivan los resultados empresariales, ha sido absoluto por parte de quienes, con un apoyo total del gobierno autónomo, proyectaron, diseñaron y han venido gestionando hasta este momento la sociedad. Sin duda, porque estaban convencidos, como de hecho así ha parecido en muchos momentos, de que el respaldo político sería suficiente para contar con recursos financieros ilimitados que salvaran su incapacidad para mejorar una cuenta de resultados que, año tras año, ha venido demostrando la irrealidad de las previsiones realizadas.
Sólo desde este desprecio se puede entender la pretensión de innovar en un sector tan maduro como el de los parques temáticos, sin contar con profesionales cualificados a la hora de analizar la viabilidad de la idea, diseñar el contenido de la iniciativa, acometer la ejecución de las obras o establecer criterios de gestión, financieros y comerciales, austeros y eficaces. Millones de decisiones individuales de consumidores de ocio han emitido su veredicto. El resultado: una reducción de dos tercios en las cifras de visitantes previstos y una demostración más de que las preferencias políticas expresadas en unos comicios no guardan relación con las que los mismos individuos adoptan como consumidores.
Ahora, desaparecidos más de 150 millones de euros por el desagüe de las pérdidas, sólo cabe esperar que la situación a la que se ha llegado sólo sea un punto y aparte y que, redimensionado y bien gestionado, el parque pueda superar la tutela judicial en el más breve plazo posible. Y, sobre todo, que, con más modestia y menos descalificaciones, no se vuelva a ignorar que los recursos gestionados en función del respaldo ciudadano recibido, ni son ilimitados, ni dejan de tener un coste de oportunidad ni, menos aún, caen del cielo, sino que de manera directa o indirecta pertenecen a los ciudadanos.
Jordi Palafox es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Valencia, y vocal del Consejo de Administración de Bancaja.
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