Volver a la normalidad

La pasada legislatura ha sido tan convulsa tanto en el Estado como en la comunidad autónoma de Andalucía que no fue posible que hubiera espacio alguno para el entendimiento entre las fuerzas políticas en el interior del sistema político español o en el subsistema político andaluz, ni tampoco entre los Gobiernos de la nación y de la Junta de Andalucía. Ha sido una legislatura de la crispación generalizada en las relaciones entre los partidos y del enfrentamiento institucional también generalizado.

Afortunadamente ese tiempo parece haber quedado atrás. Tanto la investidura de José Luis Ro...

La pasada legislatura ha sido tan convulsa tanto en el Estado como en la comunidad autónoma de Andalucía que no fue posible que hubiera espacio alguno para el entendimiento entre las fuerzas políticas en el interior del sistema político español o en el subsistema político andaluz, ni tampoco entre los Gobiernos de la nación y de la Junta de Andalucía. Ha sido una legislatura de la crispación generalizada en las relaciones entre los partidos y del enfrentamiento institucional también generalizado.

Afortunadamente ese tiempo parece haber quedado atrás. Tanto la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como la de Manuel Chaves se han desarrollado en un clima de diálogo que no se había conocido desde comienzos de la última década del siglo pasado. Los Pactos Autonómicos de 1992 fueron la última ocasión en la que se llegó a un acuerdo de verdad entre Gobierno y oposición en España. Tanto en su formulación como en su ejecución. A partir de ese momento y sobre todo a partir de las elecciones generales de 1993 se inició una suerte de guerra civil entre los partidos políticos, que en Andalucía se completó con una guerra institucional a partir de 1996, en el curso de la cual se ha producido un deterioro más que notable de las reglas de juego establecidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

El presidente debería convocar a los partidos para llegar a un acuerdo para celebrar las elecciones andaluzas separadas

Justamente por eso es importante que reflexionemos sobre esas reglas de juego y que hagamos un esfuerzo por actualizarlas mediante las reformas constitucionales y estatutarias que sean necesarias. Además de las mejoras que puedan introducirse en ambos textos, el mero hecho de poner en marcha las reformas constitucional y estatutaria, en la medida en que se exigen mayorías cualificadas tanto para la una como para la otra, supondría la renovación del espíritu de consenso que presidió el establecimiento de las reglas del juego democrático durante la transición, renovación que, como recordó el jefe del Estado el pasado jueves en la sesión solemne de inauguración de la legislatura, es tan indispensable para la reforma de la Constitución como lo fue para el momento constituyente originario.

Pero la renovación del consenso no es únicamente necesaria para la reforma constitucional o estatutaria, sino que debe extenderse también a otras materias que no precisan reforma alguna de los textos fundamentales. En lo relativo a los medios de comunicación de titularidad pública y al modelo educativo debería hacerse un gran esfuerzo para alcanzar un acuerdo. Debería ponerse fin de manera definitiva a una situación en los medios de comunicación tanto estatales como autonómicos que nos coloca en una situación bochornosa entre los países de la Unión Europea. El estatuto de la radiotelevisión pública estatal o autonómica debería ser aprobado por unanimidad. Y algo parecido debería intentar conseguirse en lo que al modelo educativo se refiere. En la eficacia del modelo educativo se juega literalmente el futuro del país y ningún país puede tener un buen futuro con modelos educativos que cambian de raíz cada vez que cambia la mayoría parlamentaria. El modelo educativo tiene que ser revisado periódicamente, pero no se le puede dar la vuelta como a un calcetín porque se tenga mayoría absoluta en el Parlamento. Los cambios en las mayorías parlamentarias pueden e incluso deben tener su incidencia en la forma en que se satisface el derecho a la educación, pero una cosa es incidir y otra dar un vuelco.

Pero hay un terreno más prosaico en el que creo que sería de suma importancia que se llegara a un acuerdo. Me refiero a la convocatoria de las próximas elecciones autonómicas. En cuatro de las siete convocatorias han coincidido las elecciones andaluzas con las elecciones generales. No coincidieron en 1982, 1990 y 1994. Han coincido en 1986 y en todas las convocadas desde 1996. Esto no debería volver a ocurrir. La coincidencia en 1996 vino impuesta en cierta medida por la pinza, ya que fue la no aprobación por segundo año consecutivo de los presupuestos de la comunidad lo que obligó al presidente Chaves a convocar anticipadamente las elecciones. Y las de 2000 y 2004 se explican en buena medida porque en el clima en que hemos vivido resultaba imposible llegar a ningún tipo de acuerdo y el riesgo de cualquier decisión era políticamente muy alto.

Esa situación ya no existe hoy. El Gobierno dispone de una mayoría absoluta en el Parlamento, no es previsible que vaya a reproducirse la confrontación con el Gobierno de la nación y, si se quiere sacar adelante la reforma de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, todos los partidos tendrán que negociar con todos. Existen, pues, unas condiciones difícilmente mejorables para que se pueda llegar a un acuerdo entre todos los partidos políticos para celebrar las próximas elecciones andaluzas separadas de las elecciones generales.

Esto debería hacerse ya. Al comienzo de la legislatura, cuando no hay urgencia para dar respuesta al problema. El presidente debería convocar a los dirigentes de los partidos políticos con representación parlamentaria con la finalidad de llegar a un acuerdo y darlo a conocer a la opinión pública.

Es obvio que, con ello, el partido socialista pierde de cara a las próximas elecciones la prima a la posesión del poder que supone la facultad de disolver o de no disolver anticipadamente el Parlamento que posee el presidente de la Junta de Andalucía. Esa prima es un instrumento de poder importante, en la medida en que permite al partido que está en el Gobierno decidir el momento en que le interesa competir e imponer su decisión a los demás. Pero lo que está en juego lo exige. La coincidencia de las elecciones generales y andaluzas no puede convertirse en una suerte de regla no escrita de nuestro modelo constitucional-estatutario. Sería, además, una muestra de autolimitación de poder que, dadas las circunstancias, estaría bien que se produjera. La norma electoral debe ser la no coincidencia. Hay que volver a ella.