Fabra recurre que la UCE sea acción popular en el caso que le afecta

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha presentado un recurso contra la personación de la Unión de Consumidores (UCE) de la Comunidad Valenciana como acción popular en el procedimiento por el que está siendo investigado ante la sospecha de la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública. La titular del juzgado número 1 de Nules, Fernanda Lorite, admitió la querella presentada por la organización de consumidores, que ha pasado a ser acusación popular en la causa. De esta manera, la parte acusatoria dejó de recaer únicamente en el fiscal gen...

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha presentado un recurso contra la personación de la Unión de Consumidores (UCE) de la Comunidad Valenciana como acción popular en el procedimiento por el que está siendo investigado ante la sospecha de la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública. La titular del juzgado número 1 de Nules, Fernanda Lorite, admitió la querella presentada por la organización de consumidores, que ha pasado a ser acusación popular en la causa. De esta manera, la parte acusatoria dejó de recaer únicamente en el fiscal general de Castellón, Javier Arias, criticado por la beligerancia en su interrogatorio al empresario Vicente Vilar y la benevolencia de su actitud frente a Fabra.

Ahora, el presidente de la Diputación ha dejado constancia de su disconformidad con la decisión de la juez en un recurso en el que pretende poner en duda la legitimidad de la Unión de Consumidores para ser parte de la acusación. De esta manera, el texto hace referencia a que la persecución de los supuestos delitos contra la Administración que son objeto de la causa "no cumple con sus fines asociativos". El recurso sostiene también que la querella no establece qué personas son responsables de los seis delitos que enumera. Además, basa parte de sus argumentos en el funcionamiento de la Unión de Consumidores y destaca que no consta que la decisión de presentar la querella fuera adoptada por la asamblea general de la entidad, con lo que, a su parecer, "no puede consentirse" que la presentación de la denuncia "sea una decisión unipersonal de su presidente". Así, alega que junto al escrito no se presentaron los estatutos de la asociación "ni el acuerdo adoptado que legitime la interposición de la querella".

Vinaròs y el aeropuerto

Por otra parte, según informó ayer la Cadena SER, Carlos Fabra ofreció compensaciones a los propietarios de unos terrenos ubicados en el término castellonense de Vinaròs con el objetivo de que cejasen en su intención de que el futuro aeropuerto se ubicara en la localidad. Uno de los titulares de esos terrenos, Enrique Adell, sostuvo ayer que, en 1998, cuando el Aeroclub Maestrat-Vinaròs ofreció a la Diputación de Castellón los terrenos del aeródromo privado, cercano a los principales núcleos turísticos, Fabra le recomendó reconvertir el suelo en campos de golf. Asegura Adell que Fabra le prometió "el 10% de las acciones sobre la gestión de estos campos a cambio de retirar la propuesta de convertirlo en una pista de vuelo".

Finalmente, el aeropuerto será construido en Vilanova d'Alcolea, un municipio en el que, según el propio Enrique Adell, "gente muy ligada a Fabra y la Diputación de Castellón y al poder dentro de la Comunidad Valenciana, tienen terrenos".