Blair convocará un referéndum para ratificar la Constitución europea

Europa entró ayer en tromba, una vez más, en el corazón del debate político en el Reino Unido. El primer ministro, Tony Blair, anunciará hoy que el Gobierno convocará en su momento un referéndum para ratificar la adhesión británica a la futura Constitución europea. Todo indica, sin embargo, que la consulta popular no se celebrará hasta después de las próximas elecciones legislativas, previstas para la primavera de 2005.

La Constitución europea, que podría ser aprobada en junio próximo, debe ser ratificada por todos los Estados miembros antes de entrar en vigor.

Convencidos de que...

Europa entró ayer en tromba, una vez más, en el corazón del debate político en el Reino Unido. El primer ministro, Tony Blair, anunciará hoy que el Gobierno convocará en su momento un referéndum para ratificar la adhesión británica a la futura Constitución europea. Todo indica, sin embargo, que la consulta popular no se celebrará hasta después de las próximas elecciones legislativas, previstas para la primavera de 2005.

La Constitución europea, que podría ser aprobada en junio próximo, debe ser ratificada por todos los Estados miembros antes de entrar en vigor.

Convencidos de que los británicos quieren seguir en Europa, los laboristas quieren que el referéndum sobre la Carta Magna se convierta en un plebiscito sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. Su planteamiento es que se puede estar en contra del euro y a favor de Europa, pero, ¿es posible defender la pertenencia a la Unión Europea pero rechazar su Constitución?

Hasta ahora, Blair se había opuesto tajantemente a una consulta sobre la Constitución alegando que ésta no va a alterar la naturaleza de las relaciones entre el Londres y la UE y que otros tratados trascendentales, como el Acta Única o el de Maastricht, fueron negociados por Gobiernos conservadores y ratificados por el Parlamento, sin referéndum.

Ese cambio se debe en buena parte a razones de estrategia de partido a corto plazo. El líder conservador, Michael Howard, pretendía situar la Constitución en el eje de su campaña para las elecciones europeas de junio con el compromiso de renegociar la adhesión a la Carta Magna europea cuando los tories recuperaran el poder. Un argumento quizá insuficiente para decantar a los votantes a su favor en unas generales, pero capaz de arrastrar a bastantes votantes en unos comicios convertidos en testimoniales, perfecta ocasión para castigar a los Gobiernos por descontentos que en realidad son ajenos a la cuestión europea.

Cambio conservador

"Lo que ha cambiado recientemente es que ha habido un cambio radical en la posición de los conservadores, que ya no es la de decir que no apoyan el tratado constitucional, sino que lo renegociarían si fuera aprobado", dijo Blair en declaraciones a la BBC el viernes pasado. Aquellas declaraciones dieron cuerpo a la polémica abierta la víspera por el diario The

Times, que el jueves pasado pronosticó un cambio inminente de Blair en su posición contraria al referéndum. The Guardian citaba ayer a Rupert Murdoch, propietario de The

Times, pero también del tabloide más influyente entre los votantes populares, The

Sun, entre los factores que han llevado a Blair a aceptar el referéndum: Murdoch había insinuado que no apoyaría esta vez al Nuevo Laborismo en las elecciones si no había referéndum sobre la Constitución.

Aunque los conservadores exigen que se convoque en otoño si la Constitución se aprueba en junio, el portavoz del Gobierno dejó claro ayer que el texto constitucional será sometido primero a la ratificación del Parlamento, para lo que hay un plazo legal de dos años. Eso da margen para retrasar la consulta hasta después de las próximas elecciones, aunque entre las posibilidades barajadas ayer estaba la de convocar la consulta y los comicios al mismo tiempo.

El problema para Europa es que la Constitución tiene que ser ratificada por todos sus Estados miembros, que serán 25 cuando se logre un acuerdo.

Hasta ahora parece segura la convocatoria de referendos en Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Portugal, la República Checa y probablemente en España, Polonia y, tras la decisión de Blair, quizás también Francia.