Rechazo al informe de la comisión
Los actores del conflicto están insatisfechos con el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Algunos sectores militares le acusan de exculpar a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Por el contrario, los grupos alzados en armas consideran que el informe final es favorable a las Fuerzas Armadas. También el APRA, principal partido político peruano, ha criticado a la CVR, a la que acusa de comprometer al ex presidente aprista y futuro candidato, Alan García, con las violaciones de derechos humanos. La jerarquía eclesiástica, por su parte, no ha di...
Los actores del conflicto están insatisfechos con el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Algunos sectores militares le acusan de exculpar a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Por el contrario, los grupos alzados en armas consideran que el informe final es favorable a las Fuerzas Armadas. También el APRA, principal partido político peruano, ha criticado a la CVR, a la que acusa de comprometer al ex presidente aprista y futuro candidato, Alan García, con las violaciones de derechos humanos. La jerarquía eclesiástica, por su parte, no ha digerido bien la evaluación negativa que la comisión hace del arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, por dar la espalda a las denuncias de violaciones de derechos humanos, cuando el hoy cardenal era el jefe de la diócesis de Ayacucho, la zona más convulsionada. "No se aceptan denuncias", podía leerse en un cartel colgado a la entrada del despacho de Cipriani, que en cierta ocasión declaró que los derechos humanos "son una cojudez".
Secuelas mentales
"Es natural que cada uno haga una lectura desde su óptica política e ideológica", dice Francisco Soberón. Ramiro Niño de Guzmán es el coordinador regional de organizaciones de víctimas y afectados por la violencia política de Apurímac. Perdió a tres hermanos, una cuñada y una sobrina de seis meses tras una incursión de una columna del Ejército en su comunidad. Cuenta que en Abancay, capital de Apurímac, el 70% de los habitantes son desplazados por la violencia, que sufren secuelas mentales y físicas, sin apenas acceso a la salud y a la justicia. "De los 650 casos de desaparecidos y ejecutados denunciados en Apurímac no hay uno solo que haya llegado a los tribunales". Dice Ramiro que el 95% de las autoridades políticas, eclesiásticas, judiciales, sectores de servicios como educación y salud, les han dado la espalda. "El poder en su conjunto no está sensibilizado ni tiene voluntad de solidarizarse con las víctimas de la violencia. Esperábamos más del presidente Toledo".
Sarita García Pinchi, presidenta del comité regional de mujeres afectadas por la violencia en la región de San Martín, pide "como víctima" una reparación individual y no colectiva. "Muchos fueron torturados, muertos, desaparecidos, violadas. ¿Quién nos va a reparar si no lo hace el Estado? El presidente, como representante del Estado, tiene una deuda con nosotros". Juana Saboya Pérez, del Alto Huallaga, madre de un desaparecido, señala que en su organización son 105 mujeres que buscan justicia. "No hemos logrado nada".