Los operarios de Izar acusan a la policía de grabar sus reuniones

Los trabajadores del grupo Izar en la bahía de Cádiz volvieron ayer a las movilizaciones. Nuevo corte del puente de Carranza, enfrentamientos con los agentes antidisturbios, corte de la vía férrea y barricadas ardiendo se repitieron ayer en los aledaños de las tres factorías. El presidente del comité de empresa, Ramón Linares, denunció que la policía ha establecido sistemas de vigilancia y grabación para espiar a los empleados.

Un equipo de abogados, contratado por los trabajadores, preparaba ayer tarde una denuncia contra el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Maximiliano Vilches, al qu...

Los trabajadores del grupo Izar en la bahía de Cádiz volvieron ayer a las movilizaciones. Nuevo corte del puente de Carranza, enfrentamientos con los agentes antidisturbios, corte de la vía férrea y barricadas ardiendo se repitieron ayer en los aledaños de las tres factorías. El presidente del comité de empresa, Ramón Linares, denunció que la policía ha establecido sistemas de vigilancia y grabación para espiar a los empleados.

Un equipo de abogados, contratado por los trabajadores, preparaba ayer tarde una denuncia contra el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Maximiliano Vilches, al que el comité de empresa de Izar considera "máximo responsable de ordenar la instalación de equipos para espiar a la asamblea de trabajadores y las conversaciones de los miembros del comité en las salas de reunión de los sindicatos".

El presidente del comité de empresa, Ramón Linares, pidió ayer la dimisión del subdelegado del Gobierno y de la consejera delegada de la empresa pública Izar, Esther Rituerto, por "autorizar la adopción de estas medidas".

Por su parte, en comunicado, la dirección de Izar explicó ayer que ha adoptado una actitud de "colaboración con la policía" porque se teme que "las instalaciones y los bienes de la empresa" estén siendo empleados en acciones violentas, de las que la dirección, señala, "no quiere ser cómplice".

Por su parte, una portavoz de la subdelegación del Gobierno en Cádiz manifestó ayer que "con carácter general, todas las actuaciones de la policía se desarrollan dentro de la ley". La portavoz explicó que las acciones policiales están dirigidas a "evitar acciones violentas y a preservar los derechos de los ciudadanos".

Desde la subdelegación se pidió ayer a los trabajadores que "reconduzcan sus protestas hacia cauces más pacíficos, dentro de lo establecido por la ley". Y se añadió que los enfrentamientos violentos "no ayudan a la obtención de nuevos pedidos, que es lo que todos pretenden".

Sin embargo, un día más los enfrentamientos se sucedieron en las tres factorías. Los trabajadores de Puerto Real cortaron el tráfico desde las 11.30 en el puente León de Carranza. La movilización, en la que participaron unos 1.000 trabajadores, derivó en enfrentamientos con fuerzas antidisturbio, que estaban provistas de tanquetas y emplearon pelotas de goma, con las que lograron que los empleados buscaran de nuevo refugio en las instalaciones de la empresa. El puente permaneció cortado hasta las 14.30.

En Cádiz, un grupo de unos 20 trabajadores mantuvo enfrentamientos con la policía y quemaron barricadas en la carretera industrial que da acceso a la planta de trabajo. Mientras, en San Fernando, más de un millar de empleados participaron en una asamblea convocada por sorpresa a las siete de la mañana para evitar la presencia policial. A continuación los trabajadores cortaron por espacio de una hora la vía del tren a su paso por la ciudad y la autovía de acceso al centro urbano.