¿Sharon, sobornado?
El futuro del primer ministro israelí parece depender más de su supuesta implicación en un delito de cohecho que de sus capacidades para manejar el rumbo del Estado. Un tribunal acusa al promotor inmobiliario David Appel de sobornar a Ariel Sharon, a través de uno de sus hijos, mediante el pago de unos 700.000 dólares entre 1999 y 2001 para conseguir apoyo para sus proyectos urbanísticos. Los cargos incluyen a Ehud Olmert, actual viceprimer ministro y entonces alcalde de Jerusalén.
Pese a las peticiones de la oposición y a lo que exige el más elemental credo democrático, un Sharon desaf...
El futuro del primer ministro israelí parece depender más de su supuesta implicación en un delito de cohecho que de sus capacidades para manejar el rumbo del Estado. Un tribunal acusa al promotor inmobiliario David Appel de sobornar a Ariel Sharon, a través de uno de sus hijos, mediante el pago de unos 700.000 dólares entre 1999 y 2001 para conseguir apoyo para sus proyectos urbanísticos. Los cargos incluyen a Ehud Olmert, actual viceprimer ministro y entonces alcalde de Jerusalén.
Pese a las peticiones de la oposición y a lo que exige el más elemental credo democrático, un Sharon desafiante ha anunciado que no dimitirá, en una actitud que recuerda a la del presidente Weizman pocos días antes de renunciar, en 2000, por un escándalo parecido. Pero la permanencia en el cargo del primer ministro israelí estará probablemente más ligada a los detalles que vayan emergiendo del nuevo escándalo en que se ve envuelto, tras las acusaciones, también con sus hijos de por medio, de financiación ilegal de su campaña a la jefatura del partido Likud, en 1999.
Incluso si evade el procesamiento que ya vaticina la fiscal general saliente, el primer ministro más fuerte de la última década ha sido tocado seriamente en su imagen pública. Es difícil mantener un nivel respetable de interlocución interna e internacional mientras se produce un incómodo desfile de testigos en el proceso contra un oscuro hombre de negocios y benefactor del Likud, al que se relaciona estrechamente con el jefe del Gobierno. Si las alegaciones contra Sharon fueran in crescendo, es probable que la presión contra él se produzca dentro de la propia coalición derechista gobernante. El segundo partido de esta alianza cuatripartita, el centrista Shinui, debe parte de su crédito a su intransigencia con la corrupción. Y todo ello, aunque dentro del conmocionado Likud casi nadie quiera una salida precipitada de su jefe en estas circunstancias. Las dificultades de Sharon sólo son una bendición para el ex jefe del Gobierno y actual titular de Finanzas, Benjamín Netanyahu, visto como su heredero natural.
En cualquier caso, los desencuentros de los mandatarios israelíes con la justicia han de ser relativizados en un país donde un primer ministro sólo puede ser legalmente destituido tras haber sido hallado culpable por los jueces. Sharon, firme al timón desde hace tres años, ha conseguido hasta ahora mantener entre bambalinas las dos investigaciones por corrupción que se le siguen. Por el presente caso ya fue interrogado por la policía durante horas el pasado octubre. Y la historia reciente muestra hasta qué punto son corrientes en el Estado judío estos encontronazos. Los dos predecesores del actual primer ministro, Ehud Barak y Netanyahu, afrontaron largas pesquisas por corrupción que finalmente se zanjaron sin cargos.