Agró pedirá el ingreso en prisión del ex alcalde de Pego por riesgo de fuga

Acció Ecologista-Agró pedirá el ingreso en prisión del ex alcalde de Pego Carlos Pascual en cuanto éste anuncie formalmente ante la Audiencia de Alicante el recurso contra la sentencia que le condena a seis años de cárcel por delito ecológico. Los ecologistas, ante "la gravedad" de la pena, creen que "hay riesgo de fuga". Agró criticó a la Generalitat por retrasar "a conciencia" la creación de la junta rectora del parque natural de Pego-Oliva.

La organización, que ha ejercido la acusación popular en el juicio por los graves daños causados al marjal, expresó ayer su satisfacción por la s...

Acció Ecologista-Agró pedirá el ingreso en prisión del ex alcalde de Pego Carlos Pascual en cuanto éste anuncie formalmente ante la Audiencia de Alicante el recurso contra la sentencia que le condena a seis años de cárcel por delito ecológico. Los ecologistas, ante "la gravedad" de la pena, creen que "hay riesgo de fuga". Agró criticó a la Generalitat por retrasar "a conciencia" la creación de la junta rectora del parque natural de Pego-Oliva.

La organización, que ha ejercido la acusación popular en el juicio por los graves daños causados al marjal, expresó ayer su satisfacción por la sentencia y anunció que vigilará "que se cumpla". Por ello, "dada la gravedad" de la condena y el "riesgo de fuga", Agró pedirá la prisión provisional para Pascual y el ex teniente de alcalde José Orihuel, éste último sentenciado a tres años de cárcel, mientras el Tribunal Supremo tramita el recurso que han anunciado los afectados.

La presidenta de Acció Ecologista, Yolanda Monroig, recordó que las denuncias ecologistas contra las actuaciones del ex alcalde para desecar el marjal protegido comenzaron ya en 1996, y se vieron reforzadas por los atestados de la Guardia Civil, frente a una actitud tibia de la Consejería de Medio Ambiente hasta el momento de abrirse el proceso penal, cuando intervino "con suficiente diligencia". Monroig exigió al responsable actual de medio ambiente, el consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, que cree la junta rectora del parque, "retrasada a conciencia", y finalice los trámites de los planes de ordenación y uso y gestión del espacio protegido. El parque natural se creó en 1994 y aún no dispone del "órgano de gobierno" en el que deben estar representados la Generalitat, el Consistorio, agricultores, ganaderos y ecologistas. Para Monroig, la consejería "se ha agarrado al conflicto social en Pego" para no convocarlo. "Esperamos que la sentencia sea un punto y aparte", añadió Paco García, miembro de la comisión de territorio de Agró. La organización se felicitó por las declaraciones de Blasco sobre la necesidad de "conservar la biodiversidad y los espacios naturales", y animó al consejero a aplicar esas premisas contra el "ánimo especulativo" que amenaza zonas húmedas de Benicàssim, Oropesa, Puçol o Massamagrell.

La consejería, por su parte, indicó que en 2003 abrió 50 expedientes por actividades ilegales en el marjal, 19 de los cuales han sido remitidos a la Fiscalía. También recordó que el parque está sujeto a medidas cautelares de protección, y que la sentencia y el cambio político en Pego tras las últimas elecciones desbloquean la tramitación de los planes pendientes.

El PSPV y EU calificaron de "tremendamente positiva" y "ejemplar" la condena por las agresiones al marjal de Pego-Oliva.