Medio Ambiente paraliza las obras de construcción de 61 chalets en Plentzia

La Dirección de Aguas del Gobierno vasco, dependiente de la consejería de Medio Ambiente, ha paralizado las obras de construcción de 61 chalets adosados en Plentzia por invadir la zona de protección de la ría de la localidad. La promotora, la inmobiliaria GSI, había realizado excavaciones a cuatro metros del cauce. Este proyecto se encuentra además pendiente de un fallo judicial.

La promoción de chalets se ubica en el llamado Abanico de Plentzia y el estudio de detalle urbanístico fue recurrido en 2002 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior por el grupo ecol...

La Dirección de Aguas del Gobierno vasco, dependiente de la consejería de Medio Ambiente, ha paralizado las obras de construcción de 61 chalets adosados en Plentzia por invadir la zona de protección de la ría de la localidad. La promotora, la inmobiliaria GSI, había realizado excavaciones a cuatro metros del cauce. Este proyecto se encuentra además pendiente de un fallo judicial.

La promoción de chalets se ubica en el llamado Abanico de Plentzia y el estudio de detalle urbanístico fue recurrido en 2002 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior por el grupo ecologista Txipio Bai. Este colectivo argumentó que los balcones y jardines de las viviendas proyectadas rebasan la zona de servidumbre de la ría, fijada en 20 metros del cauce. Las diligencias judiciales ya han concluido y se está a la espera de la sentencia.

Sin embargo, en noviembre pasado, los promotores insertaron anuncios en la prensa en los que promocionaban los 61 chalets, lo que ya fue denunciado por Txipio Bai, que alertó a los posibles compradores de que la legalidad del proyecto estaba pendiente de una decisión de los tribunales.Pese a ello, el pasado 9 de diciembre se iniciaron las obras sin licencia municipal, según constataron los ecologistas. Los trabajos se desarrollaban a apenas cuatro metros del cauce de la ría, donde se habían abierto zanjas y se realizaron rellenos con una escollera.

Tras conocer los hechos, la Dirección de Aguas, que tampoco había concedido ninguna autorización, ordenó la paralización de las obras por invadir la zona de protección de un río, establecida en cinco metros del cauce. En esta franja no se permite ninguna actuación, mientras que para intervenir en la llamada zona de policía (100 metros de las márgenes) se requiere una autorización de dicha dirección. "Se ha invadido la zona de protección, que no se puede tocar", señaló un portavoz de Medio Ambiente.

El grupo inmobiliario GSI, formado por varias empresas, se expone ahora a una sanción de hasta 6.010 euros si se considera que ha cometido una falta leve y entre esa cantidad y 30.000 euros si se cataloga como menos grave. La empresa ha sido denunciada varias veces por los ecologistas por actuaciones contra el medio ambiente en la ría de Plentzia.

La última ha sido una promoción para edificar 280 chalets, también en la zona de El Abanico. La demanda, presentada el pasado 13 de noviembre, expone los intentos de recalificación, aún pendientes de la aprobación definitiva, de 87 hectáreas, la mayoría propiedad de la familia Ybarra, una parcela que en casi sus tres cuartas partes está considerada como zona de protección paisajística. Los ecologistas aportaron un acuerdo privado, suscrito en 2001, en el que los propietarios de la parcela ofrecen 2,4 millones de euros de compensación a los vecinos de una urbanización adyacente por "no oponerse" a la recalificación como suelo urbanizable. Por ello, creen que puede haberse cometido delitos de prevaricación y cohecho.

Derribo de pabellones

Por otro lado, la Dirección de Aguas obligó el pasado diciembre a derribar parte de unos pabellones industriales en Amorebieta. Los promotores, la inmobiliaria Inbisa, empezaron a construirlos hace dos años sin los permisos pertinentes. En abril de 2002, Aguas ordenó la paralización de los trabajos puesto que se incumplía la distancia con el río Ibaizabal y se edificaban en una zona inundable. En este caso, sí se respetaba la zona de protección de cinco metros, pero no la de policía de 100 metros.

Los promotores hicieron caso omiso de la orden administrativa, según informó Medio Ambiente, y terminaron la edificación el pasado año. Además se empezaron a vender las naves, pero carecían de licencia de actividad municipal, ya que el consistorio se negaba a concederla hasta disponer del permiso de Aguas. Finalmente, Inbisa accedió al derribo de parte de los pabellones, que concluyó en diciembre, y el Departamento de Medio Ambiente concederá el permiso.