El Cuento de la Buena Pipa

El Gobierno impugnará mañana ante el Constitucional la propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi aprobada el pasado 25 de octubre por el Ejecutivo de Ibarretxe y aceptada días después a trámite por la Asamblea de Vitoria; si el alto tribunal diese entrada al recurso, la discusión parlamentaria quedaría suspendida automáticamente al menos durante cinco meses. Dadas las discrepancias existentes entre los expertos en torno a la pertinencia y a la oportunidad de esa impugnación, será preciso aguardar a la publicación del texto para pronunciarse. Entre tanto, el portavoz del Gobiern...

El Gobierno impugnará mañana ante el Constitucional la propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi aprobada el pasado 25 de octubre por el Ejecutivo de Ibarretxe y aceptada días después a trámite por la Asamblea de Vitoria; si el alto tribunal diese entrada al recurso, la discusión parlamentaria quedaría suspendida automáticamente al menos durante cinco meses. Dadas las discrepancias existentes entre los expertos en torno a la pertinencia y a la oportunidad de esa impugnación, será preciso aguardar a la publicación del texto para pronunciarse. Entre tanto, el portavoz del Gobierno vasco -el candidato con más posibilidades de ser nombrado presidente del PNV el próximo enero- ha declarado que el debate de la propuesta resulta en cualquier caso imparable; Josu Jon Imaz tiene razón: ni la suspensión provisional de la tramitación parlamentaria por el Constitucional ni cualquier otra medida podrá sofocar esa discusión. Una cosa son los vanos intentos del Ejecutivo de Vitoria por negar la evidencia de que el plan Ibarretxe implica la reforma previa de la Constitución y otra bien distinta es recordar que la Cámara vasca podría debatir la revisión constitucional en el marco de los artículos 166 y 87. 2 de la propia norma.

En su sentencia de 12 de marzo de 2003 sobre la Ley de Partidos (la norma aplicada luego por el Supremo para ilegalizar a Batasuna), el Constitucional subrayó que el modelo de democracia militante -la adhesión positiva, no el simple respeto, a la ley fundamental- es ajeno a nuestro sistema político. La Constitución tampoco tiene un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma que pudiera erigirse -por su intangibilidad- en "parámetro autónomo de corrección" capaz de fulminar como antijurídica la mera tentativa de emprenderla: a diferencia de las constituciones francesa o alemana, ni excluye la posibilidad de modificar cada precepto "ni somete el poder de revisión constitucional a más límites expresos que los estrictamente formales y de procedimiento".

El modelo normativo de democracia deliberativa aspira a dirimir las controversias y a resolver los conflictos de forma imparcial sobre la base de la coherencia lógica, el soporte empírico y la razonabilidad prudencial de los argumentos esgrimidos por cada interlocutor, con independencia del respaldo mayoritario o minoritario de que disponga inicialmente cada posición. Pero el nacionalismo vasco, por el contrario, encierra a sus críticos en un falso dilema que les obligaría a elegir contra su voluntad entre lo malo y lo pésimo: o bien a quedar como intolerantes, si se niegan a ser los testigos falsos de un diálogo ficticio, o bien a alimentar las irrealizables expectativas nacionalistas, si se prestan a ser actores de esa inútil comedia. El diálogo de sordos organizado por Ibarretxe es una estrategia de bloqueo comunicativo unidireccional condenada a sembrar la frustración; haciendo suyo el enloquecedor razonamiento circular del Cuento de la Buena Pipa ("no te pido que me digas ni que sí ni que no, sólo te pido que me digas si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa"), el lehendakari invita al debate a la vez que lo impide.