3.318 empresas se declaran en quiebra en los nueve primeros meses del año
El Fondo de Garantía Salarial destina 26,8 millones de euros a indemnizaciones y salarios
El Ministerio de Trabajo tramitó durante los nueve primeros meses de 2003 algo más de 4.326 expedientes relativos a las declaraciones de quiebra de 3.318 empresa de las tres provincias valencianas. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) anticipó un total de 26,8 millones de euros para cubrir los salarios pendientes y las indemnizaciones correspondientes a los 9.055 trabajadores afectados por los cierres patronales. Sólo Cataluña supera a la Comunidad Valenciana por volumen de quiebras. Y sólo las provincias de Barcelona y Madrid a la de Valencia
Una media de 12 empresas valencianas pres...
El Ministerio de Trabajo tramitó durante los nueve primeros meses de 2003 algo más de 4.326 expedientes relativos a las declaraciones de quiebra de 3.318 empresa de las tres provincias valencianas. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) anticipó un total de 26,8 millones de euros para cubrir los salarios pendientes y las indemnizaciones correspondientes a los 9.055 trabajadores afectados por los cierres patronales. Sólo Cataluña supera a la Comunidad Valenciana por volumen de quiebras. Y sólo las provincias de Barcelona y Madrid a la de Valencia
Una media de 12 empresas valencianas presentaron diariamente expedientes de regulación de empleo por suspensión de pagos o declaración de quiebra de las sociedades durantes los nueve primeros meses del año, según datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo. La Comunidad Valenciana fue la segunda receptora de las prestaciones del Fogasa, sólo superada por Cataluña. Un total de 9.055 trabajadores valencianos con vínculos laborales reconocidos se vieron afectados por las regulaciones de empleo y fueron atendidos por el Fogasa.
Sólo Cataluña, con unos expedientes abiertos sobre 5.186 empresas y más de 14.606 trabajadores supera a la Comunidad Valenciana. Por detrás se encuentran Madrid, Andalucía o País Vasco.
El Fogasa destinó 11,7 millones de euros al pago de salarios pendientes de estos trabajadores en situación de desamparo tras el cierre de la empresa y una cantidad de 15,1 millones a las indemnizaciones decretadas por la justicia a cada trabajador.
Según fuentes de Trabajo, las indemnizaciones también afectan a expedientes abiertos en periodos anteriores, puesto que se materializan cuando se produce el fallo por parte de la jurisdicción laboral.
Lo que no comentan es que las indemnizaciones en las empresas de menos de 25 trabajadores apenas cubren el 40% de lo que dictan las resoluciones judiciales.
Valencia fue la provincia donde mayor número de cierres por quiebra se registraron en los nueve primeros meses del año, un total de 1.967. Sólo Barcelona, donde las quiebras sumaron 4.456, y Madrid, 2.866, superan ese registro. En Alicante cerraron 1.031 empresas. En Castellón, 486.
Los comportamientos de las tres provincias valencianas, según los datos de Fogasa, son distintos y no hay parámetros válidos que se repitan. El peor de los meses fue febrero en la provincia de Alicante, cuando se contabilizó la causa de quiebra de 186 empresas y se vieron afectados 491 trabajadores. En Valencia se precipitó la situación en el mes de junio, cuando se alcanzaron 435 expedientes. En Castellón el peor mes también fue junio, cuando se presentaron 101 expedientes ante el Ministerio de Trabajo.
"Brazos cruzados"
Antonio Torres, portavoz de Empleo del PSPV en las Cortes Valencianas, denunció ayer la pasividad del consejero de Economía, Gerardo Camps, ante el aluvión de expedientes de regulación de empleo que empiezan a acumularse sobre su mesa. "No puede quedarse de brazos cruzados", señaló Torres en declaraciones recogidas por Europa Press.
El expediente de regulación de empleo que anuncia la jugutera MB, que afectaría a 515 trabajadores; o los que han presentado sociedades aparentemente asentadas como Campofrío, Panamá Jack o Antena 3 Televisión, son la porción visible de un problema que adquiere proporciones "preocupantes", en palabras de Torres, y que confirman los datos registrados por el Ministerio de Trabajo.
Torres exigió al máximo responsable de empleo que detalle ante las Cortes el número de expedientes de regulación de empleo tramitados durante este año, los trabajadores afectados y su distribución por sectores y provincias.
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