Las "trampas" de los conciertos educativos

Las declaraciones de Jordi Pujol según las cuales el Ejecutivo hizo "trampa" al otorgar conciertos a determinadas escuelas privadas han causado indignación y desasosiego en gran parte de la comunidad educativa. De repente, muchos de sus líderes veían corroboradas en boca del presidente de la Generalitat sus sospechas de que algunos de estos centros tienen bula ante el Ejecutivo a la hora de incumplir la ley.

Pero este desasosiego no es, ni mucho menos, nuevo. En el verano de 2001, Artur Mas ya sembró la inquietud al defender la concesión de conciertos -que implica la renuncia al cobro ...

Las declaraciones de Jordi Pujol según las cuales el Ejecutivo hizo "trampa" al otorgar conciertos a determinadas escuelas privadas han causado indignación y desasosiego en gran parte de la comunidad educativa. De repente, muchos de sus líderes veían corroboradas en boca del presidente de la Generalitat sus sospechas de que algunos de estos centros tienen bula ante el Ejecutivo a la hora de incumplir la ley.

Pero este desasosiego no es, ni mucho menos, nuevo. En el verano de 2001, Artur Mas ya sembró la inquietud al defender la concesión de conciertos -que implica la renuncia al cobro de la actividad escolar- a siete centros de álite que cobraban mensualidades de hasta 600 euros. Y en la primavera de 2002, otra información ensombreció el panorama educativo: un documento de la Inspección de Enseñanza reveló que del total de 739 escuelas privadas concertadas que hay en Cataluña, 435 "emiten recibos y perciben cantidades por conceptos que podrían suponer una presunta irregularidad".

La consejera Carme-Laura Gil intentó minimizar la gravedad de los resultados del informe que había elaborado por su propio departamento, pero sus conclusiones dibujaron un paisaje descontrolado del sistema de conciertos.

Aunque en los sucesivos gobiernos de Pujol ha quedado patente su voluntad de incentivar la doble red educativa -pública y privada concertada, cada una con un porcentaje de alumnos repartidos a casi el 50%-, la última legislatura se ha caracterizado por una especial generosidad a la hora de apoyar económicamente a los centros concertados. Si en 1999 Enseñanza gastó 413 millones de euros en conciertos, en 2002 la cifra superó los 600 millones. Y si bien son muchos los centros que reciben dinero del erario público y cumplen con el requisito de garantizar la gratuidad escolar, muchos otros acaban recibiendo dinero de la Administración y también de los padres de los alumnos.

Tres casos ejemplifican un laberinto de cobros opacos: un matrimonio de Olot inició un proceso contra una escuela concertada por cobro ilegal de mensualidades a través de una fundación. En el Vallès, dos centros más mantienen un rifirrafe judicial con un sindicato al haber sido denunciados ante la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal por enmascarar las cuotas que se pagan por los servicios educativos como donativos voluntarios a fundaciones vinculadas a los centros. Y en Premià de Dalt, un grupo de padres de alumnos lleva años denunciando públicamente que un colegio esconde su condición de concertado.

"Muchos padres no saben lo que significan los conciertos porque nadie se lo explica y otros no quieren meterse en problemas porque estamos hablando de la educación de sus hijos, y eso es material muy sensible", explica Ramon Simó, del sindicato USTEC. Simó recuerda que los centros privados que reciben conciertos deben renunciar al carácter lucrativo de la actividad escolar y especificar que las actividades complementarias son optativas y que en ellos no puede haber selección ni discriminación de alumnos.

Las palabras del presidente de la Generalitat, por tanto, suponen el reconocimiento implícito de que el Ejecutivo catalán conocía estas irregularidades y no ha hecho nada por evitarlas. Ésta es la tesis que ICV-EUiA, por una parte, y el sindicato USTEC, por otra, han esgrimido ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al que piden que que investigue si el Gobierno catalán ha cometido delito de malversación de fondos públicos. El sindicato formalizó ayer la denuncia.