Pujol regula las inversiones estratégicas de las cajas

El decreto catalán de cajas que aprobó ayer el Gobierno de Jordi Pujol obliga a que pase por la nueva comisión de inversiones que deberá crear cada caja cualquier compra o venta de empresas que equivalga a un 3% de sus recursos propios. Las cajas catalanas, que han acogido mal la burocratización que supone este nuevo órgano, querían librar del trámite a sus operaciones de mayor calado, y habían pedido un techo del 5%.

El Gobierno catalán aprovechó su última reunión antes de las elecciones del 16 de noviembre para dar luz verde a su nuevo decreto sobre cajas, que adapta en Cataluña los c...

El decreto catalán de cajas que aprobó ayer el Gobierno de Jordi Pujol obliga a que pase por la nueva comisión de inversiones que deberá crear cada caja cualquier compra o venta de empresas que equivalga a un 3% de sus recursos propios. Las cajas catalanas, que han acogido mal la burocratización que supone este nuevo órgano, querían librar del trámite a sus operaciones de mayor calado, y habían pedido un techo del 5%.

El Gobierno catalán aprovechó su última reunión antes de las elecciones del 16 de noviembre para dar luz verde a su nuevo decreto sobre cajas, que adapta en Cataluña los cambios introducidos en toda España en dos tandas: a través de la llamada ley de transparencia y, previamente, a través de la Ley Financiera.

Es sobre los recientes cambios en materia de la transparencia -que a su vez están siendo objeto ahora de nuevas modificaciones, vía Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2004- donde hay mayores novedades. El primero, la Generalitat ha decidido echarse atrás en su intención inicial de poder introducir personas "ajenas" a las cajas en las nuevas comisiones de retribuciones e inversiones.

En un primer borrador se preveía esta posibilidad, que la Generalitat justificaba porque algunas entidades, en particular las pequeñas, podían tener problemas para contar en sus consejos de administración con personas expertas como para tomar decisiones inversoras con "calidad profesional". Pero las cajas grandes se opusieron y el Gobierno catalán cambió de parecer.

Igual que se ha precisado en la legislación estatal a petición de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), los tres miembros de estas comisiones deben pertenecer al consejo de administración de la caja. El decreto catalán, además, especifica que entre esos miembros debe figurar el presidente. Prevé también la "asistencia" del director general y, en caso de haberlo, del director general del grupo, precisión que parece a medida de La Caixa, la mayor caja española.

Más meditación

La Generalitat no entra en el funcionamiento de las comisiones, que deja para los estatutos de las cajas, pero sí define qué tipo de inversiones son estratégicas y deben pasar por un trámite que, según el consejero de Economía, Francesc Homs, "facilita meditar las cosas y evita que un director general se precipite al tomar una decisión".

Este desarrollo legislativo sobre las comisiones se produce a pesar de que, en la tramitación de la Ley de Acompañamiento, el PP, con mayoría absoluta, ha asumido en sus enmiendas las inquietudes de la CECA; entre ellas, que cada autonomía vaya por libre con sus normas de desarrollo de la ley estatal hasta el punto de que quede dañada la competencia entre cajas. Sin embargo, Homs esgrime las competencias de Cataluña sobre órganos de gobierno de cajas para regular aspectos generales referidos a las comisiones de inversión, y espera que "el PP no vea problemas en ello".

El decreto catalán, que, según Homs, "preserva el modelo de no injerencia" en las cajas, atribuye a la Generalitat el poder de requerir a las cajas información sobre cómo actúan las fundaciones que gestionan su obra social y se otorga la mitad de los miembros de una comisión mixta con la federación de cajas, en la que el consejero de Economía puede desempatar con su voto de calidad.