Balza compromete 240 millones para protección de amenazados

El Departamento vasco de Interior ha previsto para el año 2004 una partida de 60 millones de euros bajo el epígrafe de Seguridad y Vigilancia, que destinará a la protección de las personas amenazadas en el País Vasco. La partida sube 10 millones de euros respecto del pasado año, para cubrir los gastos que genera el progresivo incremento de la seguridad privada en detrimento de la pública. Los 60 millones se hacen extensivos a los tres próximos años, al comprometerse a invertir otros 180 millones entre 2005 y 2007.

Interior refleja en la memoria que, fruto del reflejo que tiene "la prior...

El Departamento vasco de Interior ha previsto para el año 2004 una partida de 60 millones de euros bajo el epígrafe de Seguridad y Vigilancia, que destinará a la protección de las personas amenazadas en el País Vasco. La partida sube 10 millones de euros respecto del pasado año, para cubrir los gastos que genera el progresivo incremento de la seguridad privada en detrimento de la pública. Los 60 millones se hacen extensivos a los tres próximos años, al comprometerse a invertir otros 180 millones entre 2005 y 2007.

Interior refleja en la memoria que, fruto del reflejo que tiene "la prioridad de la paz y la convivencia", las dotaciones al programa de la policía crecen un 10,8% respecto a 2003.

La partida de 60 millones no especifica, como consecuencia del acuerdo para la protección de sedes de partidos, se incluye alguna cantidad para ese fin. En los Presupuestos de 2003, esas partidas venían desglosadas, y para protección de sedes y locales fueron destinados 6,8 millones. El hecho de que Interior ya haya anunciado que ante la escasez de recursos humanos va a dar más trabajo a las empresas de seguridad para las labores de vigilancia de amenazados, y de esa manera liberar ertzainas, avala la posibilidad de que los 60 millones sean íntegramente para ese fin. Si en 2002 se presupuestaron 22,8 millones, los 60 millones actuales suponen un 163% de subida.

La progresión de estos gastos ha sido enorme desde 2001. Si en los seis últimos meses de 2002 el Gobierno pagó a siete empresas de seguridad 12,1 millones de euros, los presupuestos de 2003 ya incorporaban una partida de 50 millones y para 2004 y sucesivos se sitúa en 60 millones.