La provincia de Barcelona es la que menos inversión pública recibe de toda España

La última en casi todo. La provincia de Barcelona ha sido claramente marginada en las inversiones de las administraciones central y autonómica en el periodo que va de 1991 a 2002. Lo afirma un estudio de la Universidad de Barcelona que cuantifica en 10.573 millones de euros el dinero que, en comparación con el destinado por las administraciones homólogas a Madrid, ha dejado de recibir Barcelona. En pesetas, 1,7 billones. El informe indica que el Gobierno central no invierte, pero el autónomo catalán invierte muchísimo menos que el de Madrid. El transporte público es el que sale peor parado....

La última en casi todo. La provincia de Barcelona ha sido claramente marginada en las inversiones de las administraciones central y autonómica en el periodo que va de 1991 a 2002. Lo afirma un estudio de la Universidad de Barcelona que cuantifica en 10.573 millones de euros el dinero que, en comparación con el destinado por las administraciones homólogas a Madrid, ha dejado de recibir Barcelona. En pesetas, 1,7 billones. El informe indica que el Gobierno central no invierte, pero el autónomo catalán invierte muchísimo menos que el de Madrid. El transporte público es el que sale peor parado.

Una cosa es predicar y otra dar trigo. O, dicho en términos oficiales, una cosa es lo que los gobiernos presupuestan y dicen que van a invertir y otra lo que de verdad invierten. Las cifras no se parecen ni de lejos. Especialmente cuando esas inversiones tienen que realizarse en Barcelona. Un ejemplo que señala el estudio: "Un aspecto habitual de las sociedades estatales es el bajo grado de cumplimiento de las inversiones presupuestadas. Las liquidaciones de los años 1998 a 2000 en España dan un índice de cumplimiento del 85%, 90% y 66%, respectivamente. Cabe destacar el bajo índice del GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias), que nunca supera el 71%. En Cataluña, estos índices han sido muy inferiores: 81%, 47% y 37%. Y vuelve a destacar el incumplimiento del GIF, con unos índices de 53%, 6% y 18%".

Cataluña en general y Barcelona en particular son siempre la cenicienta de las inversiones públicas. Si además éstas no se realizan por más que figuren en los presupuestos, el resultado es un incremento constante del déficit de servicios en el territorio. Lo que, apunta el informe se debe tanto al comportamiento cicatero del Gobierno central como a que el Ejecutivo autónomo destina la mayor parte de sus recursos a la parte del territorio que no es Barcelona.

En el furgón de cola

El estudio presentado ayer en la Universidad de Barcelona (UB) ha sido elaborado por Núria Bosch y Marta Espasa por la universidad, y por Maria Antònia Monés y Enric Puig por parte del Ayuntamiento de Barcelona. La principal aportación de los datos es, vista la diferencia entre lo prometido y lo realizado, que ha tomado como referencia las liquidaciones presupuestarias; es decir, las obras realmente hechas y no las anunciadas por los portavoces gubernamentales.

El AVE ha sido durante años la manta que ha escondido que en el resto de áreas no había presupuesto. Las grandes cifras destinadas al tren de alta velocidad permitían al Ministerio de Fomento anunciar grandes inversiones que, al quedar en apenas nada, dejan al descubierto una verdad aritmética: Barcelona es la provincia española que recibe menos dinero del Gobierno central. A esto hay que añadir que el Ejecutivo catalán la trata igual de mal, con lo que siempre queda en el furgón de cola. El informe apunta que sólo las administraciones locales palian el agravio que se prolonga durante años, ya que el informe analiza el periodo que va desde 1991 a 2002.

El estudio analiza cuatro magnitudes: la inversión en el conjunto de España y en el conjunto de Cataluña y, además, en la comunidad de Madrid y en Barcelona (ciudad y provincia). Entre 1991 y 2000 las cifras son de obras liquidadas. Las de 2001 y 2002 pertenecen a presupuestos.Quienes han dejado de invertir son los gobiernos central y autónomo. El estudio cuantifica las aportaciones procedentes de fondos europeos y, en ese capítulo, gana Cataluña sobre Madrid. El peso de los fondos (Feder más fondos de cohesión) en el conjunto de la inversión pública en España es del 14%; en Cataluña asciende al 7,7%, pero en Madrid cae hasta el 4,7%. En cambio, si se analizan las inversiones estrictamente gubernamentales, el resultado es muy distinto. Entre 1991 y 2000, la inversión estatal real por habitante fue de 82,39 euros en Barcelona. En Madrid ascendió a 176,47. Para el conjunto de Cataluña, la media por habitante fue de 108,91, mientras que la media española era de 162,12.

Sólo hay un par de capítulos en los que Barcelona recibe más dinero que Madrid: los puertos, por razones obvias, y las carreteras, debido a que el Gobierno catalán ha privilegiado la inversión en este sector en detrimento del transporte público.

Las inversiones públicas son de dos tipos. Unas proceden directamente de los gobiernos y son a fondo perdido. Un ejemplo, las carreteras. Otras las realizan empresas y entes públicos (a veces privados, por concesión) que, en general, recuperan la inversión a través del cobro de tasas o peajes. En Cataluña la inversión a fondo perdido es menos que mínima. En cambio, supera ampliamente al resto de España en inversión de empresas públicas que cobran los servicios como son las concesionarias de autopistas, Renfe, AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), puertos y correos.

El 51% de la inversión del Gobierno central en la provincia de Barcelona en el periodo analizado procedió de este tipo de empresas; para el conjunto de Cataluña, el porcentaje es del 37%; pero la media española es de sólo el 27%, aunque en Madrid sube al 30%. La tendencia de estas inversiones en Cataluña es a aumentar y hoy suponen el 80% de las previstas por el Gobierno central, afirma el estudio. El Ejecutivo central ha dejado de invertir en Barcelona y provincia, y en comparación con Madrid, 6.155 millones de euros. Pero el Gobierno catalán no le anda a la zaga. Para alcanzar el nivel de inversiones de la comunidad autónoma de Madrid hubiera tenido que aportar 4.418 millones de euros más.

El Ejecutivo catalán ha invertido algunos años más que el de Madrid si se toma en consideración toda Cataluña. Pero si se compara la provincia de Barcelona con la de Madrid, esta última sale ganando siempre. Además, en la comunidad madrileña se produce un cambio radical en la política inversora a partir de 1996, con un crecimiento espectacular que no tiene parangón en Cataluña, donde más bien ocurre lo contrario. Para los años 2001 y 2002, si se cumplen las previsiones presupuestarias, Madrid invertirá el 61,5% más, no ya que la provincia de Barcelona, sino que Cataluña. O si se prefiere, 160 euros más por habitante y año. Para el periodo liquidado (1991-2000), las diferencias de inversión autonómica entre la provincia de Barcelona y la comunidad de Madrid oscila entre 1.440 millones de euros y 2.400 millones, según se compare la inversión sobre el criterio del PIB o sobre el número de habitantes.

Un caso espectacular es la inversión en vivienda pública. "La inversión directa del Estado", dice el informe, "es baja en general. La media es de 2,52 euros por habitante en España. En Madrid es de 3,09 euros, y casi inexistente en Cataluña, que sólo recibe 21 céntimos por habitante". Queda saber cuánto se destina a Barcelona: 15 céntimos.

Concepción centralista

El déficit acumulado a lo largo de años, incluidos los del Gobierno del PP con el apoyo de CiU, es especialmente significativo en infraestructuras y "amenaza de manera alarmante el potencial del crecimiento" de Cataluña, según los autores del informe. Además, señalan, "el diseño radial de las inversiones realizadas responde a un concepción centralista del Estado, alejada de la realidad socioeconómica" que acaba perjudicando al desarrollo del territorio: Cataluña en general y Barcelona, en particular. La conclusión es: "La inversión pública de los últimos años ha acentuado las diferencias de dotación de capital de Cataluña y especialmente de Barcelona en relación con el conjunto de España y Madrid". Un déficit atribuible al Gobierno central y también al de la Generalitat.