Una Justicia fuerte

La democracia no se entiende sin justicia y sin justicia no hay democracia real posible. Cuando en 1978 nos dotamos los españoles de nuestra Constitución, quisimos conformar un Estado moderno caracterizado por la división de poderes y, donde, por supuesto, el Poder Judicial ocupara uno de esos poderes con total independencia de los otros dos, el Ejecutivo y el Legislativo.

Estas profundas convicciones democráticas son las que llevaron al Gobierno de la nación del PP a pensar en la necesidad de que las dos grandes formaciones políticas firmasen un Pacto por la Justicia encaminado a garan...

La democracia no se entiende sin justicia y sin justicia no hay democracia real posible. Cuando en 1978 nos dotamos los españoles de nuestra Constitución, quisimos conformar un Estado moderno caracterizado por la división de poderes y, donde, por supuesto, el Poder Judicial ocupara uno de esos poderes con total independencia de los otros dos, el Ejecutivo y el Legislativo.

Estas profundas convicciones democráticas son las que llevaron al Gobierno de la nación del PP a pensar en la necesidad de que las dos grandes formaciones políticas firmasen un Pacto por la Justicia encaminado a garantizar el fortalecimiento del Poder Judicial.

El Gobierno de José María Aznar, si por algo se ha caracterizado, ha sido por el máximo respeto a las instituciones y por la creencia de que el buen funcionamiento de la democracia pasa por que los asuntos de Estado sean salvaguardados de los intereses partidistas mediante una política de pactos.

Así, el Gobierno, con José María Aznar al frente, se puso manos a la obra y logró alcanzar pactos de Estado tan importantes para los españoles como el Pacto de Toledo, el Pacto por la Justicia y el Pacto anti-ETA en el País Vasco.

Para poder llevar a cabo una política de pactos de Estado es necesario como mínimo dos, pero, lamentablemente, la cosa cambió hace poco más de un año.

Así, el PSOE parecía cansado de hacer una política de oposición responsable y decidió tomar la calle abandonando el debate político en el Parlamento creyendo que le era más rentable situarse detrás de la pancarta.

Han sido meses de despropósitos en los que un Partido Socialista, liderado por un José Luis Rodríguez Zapatero, ha emprendido una carrera radical que no se sabe muy bien hacia dónde se dirige en la que se han propuesto tirar por la borda el activo que suponen los pactos de Estado.

El PSOE, en un primer momento, pensó, a José Luis Rodríguez Zapatero no le sale bien esto de hacer oposición en el Congreso y se dijo, ¿y si en vez de usar la palabra y proponer ideas desde el escaño tomamos mejor la calle? Y dicho y hecho, eso hicieron y montaron una huelga general de carácter político. Al parecer, tanto les gustó la idea que repitieron con lo del Prestige. A partir de ese momento, Zapatero lo tenía claro y les dijo a sus compañeros: vosotros poned una pancarta que yo pongo a mi amigo Llamazares y mis ganas de tomar la calle.

El esfuerzo realizado por los socialistas les valió de poco en las urnas el 25-M llevando a Zapatero a una profunda depresión, por lo que adoptó la firme decisión de que su partido debía de radicalizar su estrategia para afrontar los numerosos compromisos electorales que nos esperan a los españoles y a los andaluces, con autonómicas por medio, en los próximos meses. Pero lo preocupante de esa estrategia es que el PSOE ha decidido dejarse llevar a posiciones extremas y saltar por los aires los acuerdos de Estado logrados entre el PP y los socialistas.

De esta manera, el PSOE decide romper, sin un solo argumento creíble, el Pacto por la Justicia con el convencimiento de que, aunque puedan perjudicar con su actitud al sistema judicial español, y por extensión al andaluz, puede ser bueno para los intereses de su partido.

Pero al respecto hay que hacer una reflexión. El PSOE decide, tras la vuelta del período estival, iniciar su campaña electoral y, para ello, precisa dar un golpe de efecto y escoge, nada más y nada menos, que romper el Pacto por la Justicia pero, como no tiene argumentos reales, se inventa vaguedades carentes de credibilidad. Pero es que no queda ahí la cosa. El PSOE, como se le escapó a Jesús Caldera ante un indiscreto micrófono, planea hacer añicos el Pacto de Toledo. Además, aunque no formalmente, el PSOE también ha roto el Pacto anti-ETA tras su actitud en Álava.

Luego, las desagradables casualidades, con los últimos acontecimientos producidos con los crímenes de la Costa del Sol, han precipitado las cosas y han llevado a que el PSOE, en una actitud soez, haya buscado sacar beneficio político en su intento de implicar al Gobierno en unos hechos muy lamentables para todos.

Así, el portavoz socialista, Jesús Caldera, decidió en la sesión de control al Gobierno, vincular los desgraciados sucesos de Málaga con la gestión política del Ejecutivo y lo hizo recriminando al ministro de Justicia acerca de la precariedad de medios materiales y humanos de la Administración de Justicia en Andalucía. En buena lógica, José María Michavila se limitó a contestarle que, precisamente, esos defectos de la Administración de Justicia que le achacaba estaban transferidos a la Junta de Andalucía desde el año 1997. Además, añadió que "el mejor camino es no tirarse los trastos a la cabeza, sino trabajar juntos para hacer una Justicia mejor", algo que prefieren ocultar los socialistas porque no tienen interés real en que la Justicia mejore en Andalucía. Ya se sabe, la política de Chaves de cuanto peor mejor.

A partir de ahí, lo que todos conocemos. Un espectáculo lamentable en el Parlamento andaluz orquestado por Manuel Chaves con acusaciones al Gobierno de Madrid por, a entender de los socialistas, insultar a los andaluces. Y es que para el PSOE todo vale. Pancartas, romper pactos de Estado, confrontación, utilización de dolor ajeno. Pero, señores socialistas, hay que recordarles que en democracia no todo vale y sin una Justicia fuerte no tendremos una democracia sólida. Por ello, por una vez, sean responsables y busquen acuerdos en vez de destrozar lo que tanto cuesta construir y no olviden que los andaluces somos mucho más que una pancarta, una rabieta o un cabreo de una formación política a la baja.

Carlos Rojas es portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía.