El Constitucional admite los recursos de populares y socialistas contra la ley de Cajas
El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y el PSOE contra la Ley de Cajas de Ahorro vasca, aprobada el 7 de mayo por el Parlamento. El alto tribunal acuerda, además, dar traslado de la demanda al Congreso y al Senado, así como al Gobierno vasco y a la Cámara de Vitoria, "al objeto de que, en el plazo de 15 días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes".
Los grupos popular y socialista del Congreso presentaron el pasado 31 de julio sendos recursos ante el Constitucional...
El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y el PSOE contra la Ley de Cajas de Ahorro vasca, aprobada el 7 de mayo por el Parlamento. El alto tribunal acuerda, además, dar traslado de la demanda al Congreso y al Senado, así como al Gobierno vasco y a la Cámara de Vitoria, "al objeto de que, en el plazo de 15 días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes".
Los grupos popular y socialista del Congreso presentaron el pasado 31 de julio sendos recursos ante el Constitucional por considerar que la ley "vulnera el principio de democratización de las instituciones financieras contra el interés ciudadano" y que en ella "subyace un deseo de controlarlas". En concreto, el recurso del PP estima que la ley "establece un sistema de ponderación y asignación de consejeros generales representantes de impositores y corporaciones locales que privilegia a los provenientes de unas comunidades autónomas frente a otras".
El recurso socialista argumentó también que el texto introduce cambios en los órganos de representación de estas entidades financieras destinados a "controlarlos de forma inmediata". Reitera el argumento de que las sucursales de fuera de Euskadi están escasamente representadas y añade que esta decisión vulnera la Ley estatal de Organos Rectores de Cajas (LORCA), que exige que "estén representadas todas las corporaciones locales en cuyo término tenga abierta oficina la caja de ahorros, así como la representación de todos los impositores sin distinción".
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