Los joyeros de Córdoba piden al Gobierno una rectificación
Los joyeros de la agrupación gremial San Eloy pidieron ayer al subdelegado del Gobierno en Córdoba, Javier de Torre, que sea el Ministerio de Economía y Hacienda el que propicie los mecanismos para una rectificación en el caso IVA. Mediante este proceso, la Agencia Tributaria reclama a 250 joyeros cordobeses el pago de 96 millones de euros en concepto de IVA por la compra de oro a diversos proveedores nacionales entre 1996 y 1999.
El presidente de la asociación San Eloy, Jesús López, explicó ayer que el artículo legal por el que la Agencia Tributaria abrió el procedimiento y exi...
Los joyeros de la agrupación gremial San Eloy pidieron ayer al subdelegado del Gobierno en Córdoba, Javier de Torre, que sea el Ministerio de Economía y Hacienda el que propicie los mecanismos para una rectificación en el caso IVA. Mediante este proceso, la Agencia Tributaria reclama a 250 joyeros cordobeses el pago de 96 millones de euros en concepto de IVA por la compra de oro a diversos proveedores nacionales entre 1996 y 1999.
El presidente de la asociación San Eloy, Jesús López, explicó ayer que el artículo legal por el que la Agencia Tributaria abrió el procedimiento y exigió las cantidades "no existe y así ha quedado acreditado". Por ello, "debe ser el Ministerio de Economía el que articule los mecanismos para que haya una resolución global, ya que argumentos hay para corregir el error", reclamó López.
De no ser así, será el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Teara) el que dicte, una por una, las resoluciones sobre las actas abiertas por la Agencia Tributaria. El presidente de San Eloy consideró innecesario que los joyeros deban esperar el dictamen del Teara, máxime por la "incertidumbre" que el proceso está provocando en el sector, que emplea en Córdoba a unas 15.000 personas.
Tras el recurso de los joyeros al Teara, los empresarios se vieron obligados a depositar como fianza las cantidades reclamadas o avales. Muchos de ellos lo hicieron, aunque no todos, y algunos recursos por incapacidad económica fueron rechazados. Una decena de empresas ya ha sido embargada y ha tenido que cerrar, según la asociación San Eloy.
Jesús López reiteró ayer que todos estos embargos y cierres debían de haberse evitado de haber prevalecido una causa penal pendiente en la Audiencia Nacional sobre la administrativa que acomete el Teara. Se trata de una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los proveedores de oro por un presunto fraude en el impago del mismo IVA que la Agencia Tributaria reclama a los joyeros.