Sindicatos y padres laicos recurren los decretos de la LOCE

El curso escolar ha comenzado sin haberse puesto punto y final a la polémica sobre Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE). Sindicatos y asociaciones de padres de alumnos laicos no dan la batalla por perdida y ya han anunciado que van a recurrir ante el Tribunal Supremo -como paso previo para ir al Constitucional- los reales decretos referidos a la ordenación de las enseñanzas de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y calendario escolar elaborados hasta ahora por el Ministerio de Educación y publicados en el BOE a finales de junio y principios de julio.

Varias comunidades...

El curso escolar ha comenzado sin haberse puesto punto y final a la polémica sobre Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE). Sindicatos y asociaciones de padres de alumnos laicos no dan la batalla por perdida y ya han anunciado que van a recurrir ante el Tribunal Supremo -como paso previo para ir al Constitucional- los reales decretos referidos a la ordenación de las enseñanzas de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y calendario escolar elaborados hasta ahora por el Ministerio de Educación y publicados en el BOE a finales de junio y principios de julio.

Varias comunidades presentaron en su día recursos ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Calidad.

Entre las cuestiones que más ampollas han levantado en la comunidad educativa están la asignatura de Religión y su alternativa, que comenzará a impartirse a partir del curso próximo. En la actualidad, los alumnos pueden escoger cursar la materia de Religión, que imparten profesores elegidos por la Conferencia Episcopal, o alternativas no relacionadas con la religión, como prácticas de informática o actividades de estudio.

La Federación de Enseñanza de CC OO, que presentó la semana pasada sus recurso ante el Tribunal Superior, señala que "la exigencia planteada de que las enseñanzas alternativas a la religión hayan de versar sobre contenidos relacionados con la cultura religiosa no tiene cobertura constitucional". Este sindicato indica que la Constitución garantiza el respeto a la libertad de los ciudadanos para que elijan para sus hijos una formación religiosa y moral acorde con sus convicciones, pero no puede imponerse a terceros la obligación de recibir enseñanzas de tipo religioso.

Sobre este asunto ya dictó sentencia el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 2438/1994, de enseñanzas alternativas, en 1998.

La Federación de Enseñanza de UGT va todavía más allá y recurrirá en breve ante el Tribunal Supremo para que ni siquiera exista la asignatura de Religión confesional. El secretario de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, Jesús Ramón Copa, reclama a grupos políticos y diferentes organizaciones sociales y educativas que se denuncie los tratados firmados entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal en 1979 con el fin de instalar la "laicidad" en los centros públicos.

La confederación laica de padres de alumnos CEAPA también entiende que la asignatura de Religión y su alternativa "violenta la libertad de conciencia y pensamiento que consagra la Constitución". En su día, esta confederación recomendó a las familias que rechazaran una formación religiosa para sus hijos y que éstos no asistiesen a la futura clase alternativa a la religión, dedicada al "hecho religioso".

Horario y carga docente

Otro de los puntos polémicos es el referido al calendario, carga lectiva y tareas docentes, que a partir de ahora los centros escolares podrán incrementar de manera voluntaria. Según CC OO y UGT, esto "contraviene la ley orgánica de libertad sindical y la ley de órganos de reperesentación sindical, al no haber pasado, a pesar de su contenido claramente sindical, por la mesa sectorial".

Estos decretos permitirán a los centros docentes ampliar el currículo, horario escolar y días lectivos. Y esto provocará "dos problemas graves", según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano, pues permitirá a los centros privados acometer esta ampliación, mientras que los centros públicos estarán sujetos a las directrices que marque la Administración y los recursos humanos que marquen las plantillas.

Las consecuencias serán una competencia "ventajista" de la red privada concertada respecto a la de la pública, que dejará a esta última "como subsidiaria de la privada, amenazando la supervivencia de la red pública y la estabilidad en el empleo de los trabajadores".

También significará que el profesorado de los centros privados estará obligado a aumentar su jornada laboral, diaria, mensual e incluso anual, si el colegio decide aumentar el horario. con lo cual empeorarán sus condiciones de trabajo.

Otro de los motivos de CC OO para recurrir es "la discriminación en la admisión de alumnos" en los centros escolares. Y ponen el siguiente ejemplo: un alumno mayor de 15 años y extranjero se incorpora directamente en programas de iniciación profesional, mientras que si es español, lo hace en ESO.

La CEAPA piensa también recurrir los decretos referidos a los consejos escolares, "pues la LOCE deja fuera de la gestión de los centros a los padres y alumnos y lo deja en manos del director, que será nombrado por la Administración, y por el claustro de profesores. Los consejos escolares sólo tendrán facultades informativas", explicó el responsable de laicismo de la CEAPA, Francisco Delgado, quien añadió que, según el artículo 27 de la Constitución, la gestión de los centros corresponde a padres, profesores y alumnos.